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ACLU de la Florida pide poner fin al polémico programa federal de inmigración

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La ACLU envió cartas firmadas por 40 organizaciones locales y una petición firmada por cerca de 2 mil floridanos

La ACLU envió cartas firmadas por 40 organizaciones locales y una petición firmada por cerca de 2 mil floridanos

December 7, 2012

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de la Florida ha pedido hoy a las autoridades locales y federales poner fin a los acuerdos entre dos oficinas de alguaciles locales y las autoridades federales de inmigración debido a que se ha afectado la confianza de la comunidad hacia los agentes del orden público, al despilfarro de los recursos de los agentes locales, y al potencial aumento de la discriminación racial.

En la actualidad, las Oficinas del Alguacil del Condado de Collier y de Jacksonville tienen acuerdos con Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional en el marco del programa conocido como 287 (g), que da poder a la policía local de ejercer funciones como agentes de inmigración en nombre del gobierno federal. La ACLU envió cartas firmadas por cuarenta (40) organizaciones locales, así como una petición firmada por cerca de dos mil (2.000) floridanos, pidiendo que no se renueven estos acuerdos después de que expiren a finales de año.

"Los plazos de fin de año para la renovación o expiración de los acuerdos del 287 (g) han creado un momento crítico para los líderes de decidir si permitimos que estas injusticias continúen, o si nos aseguramos de que la atención de la policía esté al ciento por ciento enfocada en la seguridad pública, y dejar la aplicación de leyes de inmigración en manos de las autoridades federales que corresponde ", dijo Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU de la Florida. "Esta es una oportunidad para que nuestros líderes creen un estado que trate a todos los residentes con dignidad y respeto.”

El programa 287 (g) es una aplicación de funciones de inmigración que permite a las agencias del orden estatales y locales entrar en un acuerdo con ICE para hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de sus jurisdicciones, permitiendo a la policía local preguntar sobre el estatus migratorio de las personas en sus jurisdicciones y detenerlas en nombre del ICE. El programa ha producido innumerables quejas sobre prácticas policiales abusivas, prácticas de perfilación racial y étnica, y deterioro de las relaciones entre la policía y las comunidades a las que sirven.

57 agencias del orden público en 21 estados participan en el programa. Los acuerdos en Collier y Jacksonville son los únicos acuerdos de este tipo en la Florida. El condado de Collier ha participado en el programa 287 (g) desde 2007 y Jacksonville desde el año 2008. La participación del Condado de Collier en el programa 287 (g) ha dado lugar a 4.316 deportaciones, una de las tasas más altas de todas las jurisdicciones que participan en el programa en todo el país.

Los oficiales de policía como el Alguacil del Condado de Collier, Kevin Rambosk, han promocionado el programa 287 (g) como un mecanismo efectivo para remover delincuentes de las comunidades y hacer que la comunidad esté más segura. El Alguacil de Jacksonville, John Rutherford, afirma del mismo modo que la participación en el programa 287 (g) se trata de sacar a los criminales de las calles y no de enjuiciar a las personas detenidas por delitos menores.

Sin embargo, los hechos demuestran precisamente lo contrario: infractores menores están en la mira del programa. De acuerdo con un estudio en profundidad, en los primeros diez meses de 2010, la mitad de las órdenes de detención emitidas por funcionarios del programa 287 (g) en todo el país fueron a personas detenidas por delitos menores, infracciones de tránsito y delitos no criminales de inmigración.

"El hecho de que un número significativo de arrestos por violaciones menores resultara en consecuencias de inmigración plantea serias preocupaciones sobre  la implementación del programa 287(g)", dijo Shalini Agarwal, abogada de la ACLU de la Florida.

La ACLU de Florida, junto a la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), organizó una carta de  coalición, firmada por cuarenta (40) organizaciones estatales y locales, pidiendo a los senadores de la Florida Bill Nelson y Marco Rubio y a los representantes Corrine Brown, Ander Crenshaw y Connie Mack IV que presionen al Departamento de Seguridad Nacional para que los acuerdos  del programa 287 (g) expiren todos al final de este año. La carta indica que “…el efecto más tangible ha sido que el programa ha estado generando miedo y desconfianza hacia la policía entre los individuos documentados e indocumentados de las comunidades latinas.”

Junto con la carta, la ACLU de la Florida también envió los nombres de cerca de 2000 residentes de la Florida quienes firmaron una petición instando a sus senadores a tomar medidas para poner fin al programa.

"Al igual que la infame ley anti-inmigrante de Arizona, esta delegación de poderes federales para aplicar leyes de inmigración a los agentes de la policía local propicia el abuso y ha generado un ambiente dañino de desconfianza mutua entre la policía y la comunidad inmigrante aquí en nuestro estado", dijo María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. "Instamos a nuestros líderes a que pongan fin a este programa que ha alimentado injusticias de discriminación racial y señalamiento a la comunidad de inmigrantes aquí en la Florida.”

La ACLU de la Florida también envió una carta al Alguacil de Jacksonville, John Rutherford, solicitándole una reunión para discutir por qué la ciudad no debería renovar su acuerdo 287 (g), incluso si el programa federal continúa. La carta cita al ex jefe de policía de Miami, John Timoney, quien ha sido un crítico de la aplicación local de la ley federal de inmigración: "Todos los ciudadanos se ven directamente afectados, ya sean inmigrantes o no, debido a estas políticas. Inmigrantes víctimas y testigos de crímenes violentos no acudirán a las autoridades si temen que su ‘policía local’ podría deportarlos. Esto afecta a todos, ya que obstaculiza los esfuerzos de aplicación de la ley para frustrar la actividad criminal en nuestros vecindarios.”

La ACLU de la Florida continuará recogiendo nombres en su petición en línea y presionando a las autoridades locales y federales para que pongan fin a la participación en el programa hasta que una decisión definitiva se adopte a finales de año. La ACLU Nacional también envió hoy una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, haciéndole un llamado a poner fin al programa. Oficinas afiliadas de la ACLU en otros estados con jurisdicciones participantes en el programa también han pedido a sus funcionarios electos y líderes del orden público poner fin al programa.

Una copia de la carta de coalición enviada a los Senadores y Representantes está disponible en inglés aquí: http://aclufl.org/pdfs/2012-12-07-ACLUFL-287gLetter.pdf

La petición de la ACLU de la Florida está disponible en español aquí: https://www.aclu.org/secure/FL-petition-287g-esp

Acerca de la ACLU de la Florida: la ACLU de la Florida es el celador de la libertad, trabajando a diario en los tribunales, en la legislatura y a todo lo largo y ancho de la Florida, para defender los derechos individuales y las libertades personales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de la Florida y la Carta de Derechos. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en: www.aclufl.org

 

 
 

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