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ACLU de Puerto Rico traza su meta - una profunda reforma de la policía

William Ramírez Hernández, Abogado y Director Ejecutivo, ACLU de Puerto Rico
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Callar Jamás

Callar Jamás

August 5, 2013

El 17 de febrero de 2013, el Secretario de Justicia de Estados Unidos anunció desde La Fortaleza (Mansión del Gobernador) que el gobierno de Puerto Rico y la División de Derechos Civiles llegó a un acuerdo para reformar la policía sin necesidad de continuar litigando alegaciones de graves violaciones de derechos constitucionales; transando así la demanda entablada en el tribunal federal de San Juan, Puerto Rico.

Este pasado 2 de agosto de 2013 la ACLU y el Bufete de Kirland & Ellis hizo lo propio, dando por terminada su demanda en la que se exigía una reforma policial en la manera en que se responde a manifestaciones y protestas de quienes ejercen su legítimo derecho a la libre expresión.

Durante una conferencia de prensa del 8 de septiembre de 2011, convocada en San Juan, Puerto Rico, el entonces Secretarios Auxiliar del Departamento de Justicia de EE.UU, Thomas Pérez, sentenció que “[e]l cuerpo policial no puede ganar la confianza del pueblo sin antes respetar sus derechos constitucionales”. La conferencia de prensa dio a conocer el demoledor informe sobre la investigación de la policía de Puerto Rico por el Departamento de Justicia federal.

¿Qué es lo próximo para Puerto Rico en la larga trayectoria que encamina a una profunda reforma de uno de los cuerpos policiales más violentos bajo la bandera de Estados Unidos de América? La policía de Puerto Rico es posiblemente uno de los últimos remanentes de la guerra fría y sucia de los años 60's y 70's.

Por tal razón, el cuadro es mucho más complejo que simplemente señalar que la policía de Puerto Rico es un cuerpo que agrede individuos a como le dé gusto y gana. La crueldad de la policía de Puerto Rico hacia la "izquierda" - sinónimo con ser disidentes, comunistas o con los que abogan por y militan a favor de la independencia de la isla, data desde el propio inicio de la Policía Insular bajo la gobernación de Blanton Winship quien fue nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt.

Para entender la necesidad de reformar la policía de Puerto Rico se tiene que hacer un esfuerzo para entender el ambiente político en que se mueve la policía. Uno de los primeros hallazgos que la División de Derechos Civiles de EE.UU. confrontó en su investigación de la policía fue la realización que los ascensos a los rangos de la comandancia dependen de lealtad al partido político en poder.

En 1937, Arthur Garfield Hays, director legal de la ACLU, llegó a Puerto Rico para dirigir una Comisión Sobre el Estado de los Derechos Civiles en Puerto Rico, compuesta por prominentes puertorriqueños de la época. En su informe, la comisión concluyó que lo ocurrido en Ponce, Puerto Rico, el 21 de marzo de 1937, no fue nada menos que una masacre por la policía insular contra miembros del Partido Nacionalista quienes se manifestaban pacíficamente ese Domingo de Ramos.

Con este trasfondo, en 2004 la ACLU de Puerto Rico comenzó una investigación de campo que nos llevó a denunciar a la policía de Puerto Rico ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. En el 2007, presentamos nuestras primeras denuncias ante la División de Derechos Civiles del USDOJ (por sus siglas en inglés), por los reiterados ataques racistas contra comunidades de puertorriqueños afro-descendientes e indocumentados dominicanos; y previamente por violaciones de los derechos humanos de personas sin hogar. Luego, por los crueles ataques contra los obreros y estudiantes universitarios que protestaban contra la política de austeridad del gobierno en poder.

La investigación del USDOJ comenzó oficialmente a mediados del 2008; a dos meses de haber la ACLU celebrado su exitosa "Conferencia sobre los Derechos Humanos y la Brutalidad Policial en Puerto Rico", seguido por una visita oficial de Dou Dou Diène, Relator de las Naciones Unidas. Todo esto en alianza con el Programa de Derechos Humanos que tan hábilmente dirige nuestro compañero Jamil Dakwar.

Ya para el 2011 el USDOJ tenía redactado su informe condenatorio de la policía de Puerto Rico, sin embargo, por razones nunca divulgadas el informe no se daba a conocer. Lo cual llevó a la ACLU de Puerto Rico a sentir la urgencia de dar a conocer, fuera de nuestras fronteras, lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico y con esa meta comenzamos una campaña de divulgación masiva.

La respuesta violenta y cruel de la Policía de Puerto Rico a las protestas masivas contra la política de austeridad del gobierno nos llevó a formar una coalición de diversos departamentos de la ACLU en Nueva York y nuestra oficina legislativa en Washington, D.C. que encaminó a la ACLU a publicar su propio informe, aún más extenso y condenatorio sobre las violaciones de derechos humanos por la policía de Puerto Rico. Los alarmantes hallazgos publicados en “Isla de Impunidad: Policía de Puerto Rico Al Margen de la Ley” por Jennifer Turner del Programa de Derechos Humanos se dieron a conocer a través del mundo, causando gran indignación. Previamente, Anthony Romero, Director Ejecutivo nacional de la ACLU, dirigió una delegación de alto perfil que convocaría vistas públicas en San Juan, Puerto Rico, justamente a 74 años de las primeras vistas convocadas por la ACLU en 1937.

De aquí en adelante la ACLU de Puerto Rico trabajará para asegurar el cumplimiento del acuerdo de reforma del cuerpo policial y para la eventual creación de un mecanismo de supervisión independiente de la policía. Es menester que el pueblo exija de sus gobernantes un cuerpo policial transparente y que opere dentro del margen de la ley, respetando los derechos fundamentales garantizados a todos los que residimos en Puerto Rico.

 
 

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