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ACLU y LCCRUL demandan al estado de Florida por ilegal purga de votantes

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June 12, 2012

TAMPA – La unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLUFL) y el Lawyers Committee on Civil Rights Under Law (LCCRUL) presentaron hoy una demanda legal ante los esfuerzos que el estado de la Florida está llevando a cabo para hacer a legales ciudadanos votantes re-verificar su ciudadanía o sino perder su capacidad de votar.

"El programa ilegal para purgar votantes elegibles utiliza información incorrecta para eliminar a ciudadanos elegibles de las listas de votantes", dijo Howard Simon, director ejecutivo de ACLUFL. "Pareciera que el gobernador Scott y su Secretario de Estado no pueden hablar sin ocultar sus intenciones políticas. Ellos confunden a los floridanos al llamar a esta lista ilegal de depuración una ‘protección del derecho al voto de los ciudadanos’. Esto precisamente constituye las razones por las que el Congreso sigue re-promulgando y nosotros seguimos necesitando la Ley de Derecho al Voto -para evitar que los funcionarios del Estado interfieran con los derechos constitucionales de las minorías. Ahora nosotros acudimos a los tribunales para evitar que la administración de Scott asalte la democracia al negarle a los ciudadanos estadounidenses el derecho a votar.”

Murat Limage, un ciudadano haitiano-estadounidense, y Pamela Gómez, ciudadana hispana-estadounidense,  presentaron la demanda junto a Mi Familia Vota Education Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a trabajar con la comunidad latina/hispana en aumentar la participación cívica. Gómez y Limage están registrados para votar en el Condado de Hillsborough.

Limage se convirtió en un ciudadano naturalizado de los EE.UU. en octubre de 2010 y se registró para votar en noviembre de 2010. Sin embargo, Limage fue uno de los más de dos mil votantes registrados que han recibido notificación por escrito de un funcionario electoral insistiendo en que debe re-verificar su ciudadanía en 30 días o será removido de la lista de votantes y se le negará su capacidad de votar.

Las cartas fueron enviadas a Limage y otras personas, de parte de funcionarios electorales locales, por solicitud del Secretario de Estado de la Florida, Ken Detzner, y fueron basadas en Información inexacta y obsoleta de la base de datos estatal de Licencias de Conducir. Tal como lo requerían los funcionarios electorales, Limage presentó su pasaporte de EE.UU. y otros documentos de ciudadanía ante la oficina electoral de Hillsborough.

"Cuando recibí la carta que decía que ellos tenían información de que yo podría no ser un ciudadano, me preocupé al pensar que alguien me estaba quitando mi ciudadanía”, dijo Limage. "Soy americano, lo cual significa que puedo votar y eso es todo lo que quiero hacer."

Por su parte, Gómez se convirtió en una ciudadana naturalizada de los EE.UU. en febrero de 2011 y se registró para votar el mismo día. A pesar de que ella aún no ha recibido una carta que le exija que debe re-verificar su ciudadanía para conservar su derecho a votar, ella podría estar sujeta a llevar esa carga pues obtuvo su licencia de conducir antes de volverse ciudadana – uno de los criterios que contribuye a la información inexacta que la Secretaría de Estado está utilizando para colocar a los votantes en la purga.

"Florida está desobedeciendo las leyes federales diseñadas para proteger a los votantes, precisamente de este tipo de acciones", dijo Bob Kengle, co-director del Voting Right Project, LCCRUL. "El derecho de todo ciudadano de que su voz sea escuchada en las urnas está siendo amenazado. El Comité de Abogados va a seguir luchando sin descanso contra cualquier esfuerzo de convertir a ciudadanos estadounidenses en ciudadanos de segunda clase.”

Cinco condados de la Florida están cubiertos por la Sección 5 de la Ley de Derechos de Votación (VRA), la cual requiere que los cambios en el procedimiento de votación en los cinco condados sean aprobados a nivel federal antes de que puedan ser implementados. El Condado de Hillsborough, donde Limage y Gómez están registrados, es uno de los condados cubiertos por esta ley. La demanda sostiene que someter a Limage y Gómez a requisitos adicionales para registrarse y votar, sin haber obtenido una aprobación federal, viola la VRA.

"El estado de la Florida está violando la ley federal al someter a los ciudadanos a esta nueva e innecesaria exigencia a fin de poder ejercer su derecho al voto", dijo Julie Ebenstein, abogada de la  ACLUFL. "Estamos pidiendo a la corte que proteja el derecho a votar y que detenga esta purga ilegal y señaladora."

Además de ser inexacta y obsoleta, la lista que el estado de la Florida envió a los funcionarios electorales locales señala desproporcionalmente a hispanos. Análisis señalan que 61% de las personas requeridas a probar su ciudadanía son hispanas, a pesar de que sólo el 14% de los votantes registrados en Florida pertenecen a esta comunidad. Por el contrario, sólo el 16% de las personas en la lista se identifican como blancos, aun y cuando ellos componen aproximadamente el 70% de los votantes de la Florida.

"Los estados no deben comprometer el derecho fundamental del voto de los ciudadanos, llevando a cabo purgas ilegales de votantes que desproporcionadamente impactan en las minorías", dijo Katie O'Connor, abogada del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU. "Estas medidas no sólo son ilegales, sino que además quebrantan nuestra democracia al alejar a la gente de participar en el proceso político".

Desde que el estado de Florida inició la purga de votantes en mayo de 2012, cientos de ciudadanos registrados se han presentado para re-verificar su ciudadanía y mantener su elegibilidad para votar. Varias oficinas electorales locales se negaron inicialmente a enviar cartas basadas en la información errónea del estado y, a partir del aviso de la Asociación de Supervisores de Elecciones de la Florida, todos o casi todos los funcionarios electorales locales han dejado de enviar las cartas de re-verificación.

El 1 de junio de 2012, el ACLUFL y el LCCRUL enviaron una carta al Secretario Detzner indicando que  otras partes de la purga de votantes no cumplen con la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) de 1993 que requiere que los ajustes de votantes sean hechos no más tarde de 90 días antes de una elección. Las elecciones primarias de la Florida son el 14 de agosto de 2012. En el marco del NVRA, la acción legal debe esperar al menos 20 días a partir del aviso oficial, el cual en este caso se realizó 1ro de junio.

"Este es un caso extremadamente importante porque envuelve a la antigua Ley de Derechos de 1965 que protege el derecho al voto en la Florida", dijo Ed Soto, jefe del departamento de litigios de Weil, Gotshal & Manges LLP de la oficina de Miami. "Weil sigue comprometido con la defensa de los derechos de los votantes y el cumplimiento de las leyes federales."

 
 

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