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¿Cómo es que un padre fue deportado por una infracción de tráfico?

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Después de la deportación de Gerardo Hernandez-Contreras a México, Aidé Vásquez y su hijo se quedaron sin esposo e hijo.

Después de la deportación de Gerardo Hernandez-Contreras a México, Aidé Vásquez y su hijo se quedaron sin esposo e hijo.

April 14, 2014

Por Neema Singh Guliani, Oficina Legislativa de la ACLU en Washington D.C.

Si le preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia no deporta a los padres cuyo delito más grave es una infracción de tráfico. De hecho, de acuerdo con sus propias estadísticas, el 98 por ciento de las personas deportadas son designadas a una de las "prioridades" del DHS - diseñadas para deportar a personas que representan una amenaza a la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza.

Pero cuéntenle eso a Gerardo Hernández-Contreras, quien entró a los EE.UU. en 2001 en busca trabajo cuando tenía sólo 15 años de edad después del fallecimiento de su padre. Cinco años más tarde, se casó con su esposa Aidé, quien es ciudadana estadounidense. Juntos tuvieron dos hijos - nacidos y criados en la ciudad soleada de San Diego. El 27 de noviembre de 2012, el Sr. Hernández-Contreras se dirigía a recoger helados para sus hijos cuando fue detenido por el Departamento de Policía de San Diego por hablar con su mujer por teléfono celular mientras conducía. Funcionarios de DHS fueron llamados a la escena y fue deportado tan sólo un día después a México, un país en donde no había vivido desde hace  más de una década.

Según DHS, personas como el señor Hernández-Contreras no deben de ser deportados.

Entonces, ¿qué salió mal?

1. El Sr. Hernández - Contreras nunca debería haber sido puesto en custodia de DHS

El primer problema con la maquinaria de DHS se produjo al mismo momento en que DHS tomó al señor Hernández-Contreras bajo su custodia. Debido a que San Diego se encuentra a 100 millas de la frontera, el Sr. Hernández-Contreras tal vez fue considerado como alguien quien recientemente acababa de entrar al país - y por lo tanto una prioridad para DHS - a pesar del hecho de que él había vivido en el país por años. O DHS pudo simplemente haber ignorado sus propias prioridades cuando lo tomó en su custodia. En pocas palabras: DHS necesita redefinir sus prioridades para realmente enfocarse en amenazas a la seguridad. Y DHS necesita adoptar la política de sólo tomar en custodia a las personas que caen en una de estas nuevas prioridades, independientemente de si son arrestados directamente por DHS o la policía local a través de programas defectuosos, tales como Comunidades Seguras.  

2. DHS no ha puesto en práctica su propia política de discreción procesal

El segundo paso en falso por parte de DHS fue su fallo a cumplir con su propia política de discreción procesal. En junio de 2011, DHS emitió su guía sobre "discreción procesal" - un mecanismo por el cual DHS cierra los casos de personas que no representan un peligro inmediato o que tienen circunstancias que favorecen su estancia en los EE.UU. El Sr. Hernández-Contreras era un candidato ideal para la discreción procesal. No tenía antecedentes penales, había vivido en el país por más de una década, y su familia es estadounidense. Sin embargo, debido a que DHS no determina si inmigrantes detenidos son elegibles para la discreción antes de deportarlos, el Sr. Hernández-Contreras se deslizó a través de las grietas.

Y él no es la excepción. La discreción se ha aplicado a menos del 8 por ciento de todos los casos pendientes de inmigración - por su parte cerca de dos tercios de las personas que DHS deporta o no tienen antecedentes penales o han  sido condenados por delitos menores, como manejar sin licencia de conducir.

3. El Sr. Hernández - Contreras no obtuvo una audiencia de inmigración o incluso una pizca del debido proceso

Al igual que en más del 70 por ciento de las personas que el DHS deporta, el Sr. Hernández-Contreras nunca tuvo la oportunidad de presentar su caso ante un juez. En lugar de ello, oficiales de DHS simplemente le presentaron un formulario de salida voluntaria que ya había sido llenado y lo animaron a firmar por medio de flagrantes distorsiones de las consecuencias de firmar. Al firmar el formulario, él renunció a su derecho de tener a una audiencia y dio "consentimiento" a su propia  deportación/expulsión de los Estados Unidos. Él nunca recibió la oportunidad de consultar con un abogado, una lista de proveedores de servicios legales, o información sobre las sanciones asociadas con la salida voluntaria. Tampoco le aconsejaron que al firmar su salida voluntaria, le sería imposible volver a los Estados Unidos, a pesar de que está casado con una ciudadana de los EE.UU. Si el Sr. Hernández-Contreras hubiera recibido una audiencia o la oportunidad de consultar con un abogado, él habría sido elegible para permanecer en el país.

Desde su deportación, el Sr. Hernández-Contreras ha vivido en Tijuana – separado tanto de su esposa como de sus dos hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses. Justo al otro lado de la frontera, su hijo de cuatro años de edad tiene problemas durmiendo sin su padre, mientras que el desempeño de su hija en la escuela ha disminuido. Su esposa se ha visto obligada a criar a sus hijos sola. DHS dice que no deporta a personas como el señor Hernández-Contreras. Por desgracia, sus actos cuentan una historia diferente.

 
 

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