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Corte fija límites al Alguacil Arpaio para prevenir futuro perfil racial de latinos en Arizona

La orden incluye el nombramiento de un supervisor y una consejo consultivo de la comunidad, registrar todas las paradas de vehículo y extensa recopilación de datos
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Photograph by Gage Skidmore

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October 2, 2013

Corte fija límites al Alguacil Arpaio para prevenir futuro perfil racial de latinos en Arizona

La orden incluye el nombramiento de un supervisor y una consejo consultivo de la comunidad, registrar todas las paradas de vehículo y extensa recopilación de datos

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
2 de octubre 2013

CONTACTO:
Steve Kilar, ACLU de Arizona, (602) 492-8540 ó skilar@acluaz.org
Isabel Alegría, Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU (415) 343-0785, (646) 438-4146 ó media@aclu.org
Amelia Hansen, Covington y Burling, (415) 955-6831 ó ashansen@cov.com
Larry González, El Grupo Raben (MALDEF), (202) 466-0879 ó lgonzalez@rabengroup.com

PHOENIX – Un juez federal estableció hoy requisitos de largo alcance para prevenir el continuo perfil racial por el alguacil Joe Arpaio y la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO por sus siglas en inglés). La orden del Juez de Distrito de EE.UU., G. Murray Snow, surge tras su fallo emitido en mayo de que la oficina de Arpaio se valió del perfil racial y de detenciones ilegales para tomar como objetivo a latinos.

“El juez Snow reconoció que los años de prácticas discriminatorias y normas anticonstitucionales del alguacil Arpaio requirieron un gran cambio ― incluyendo la asignación de un supervisor federal, la recolección de datos y la grabación de video de todas las paradas de vehículos”, comentó Dan Pochoda, director jurídico de la ACLU de Arizona. “Trabajando con la comunidad latina, la ACLU buscará asegurarse de que los abusos del MCSO terminen”.

La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Arizona, el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), y el asesor jurídico líder Covington y Burling LLP, representaron a un grupo de residentes latinos y a una organización comunitaria latina, Somos América, en la demanda Ortega Melendres vs. Arpaio.

“Gracias a las personas valerosas que se presentaron para contar sus historias, se está haciendo responsable al MCSO”, dijo Lydia Guzmán de Somos América. “No es un crimen ser moreno, y ahora tenemos las herramientas necesarias para asegurarnos de que al alguacil Arpaio no se le olvide eso”.

Aparte de la designación de un supervisor que esté al pendiente de la conducta del MCSO, la corte insistió sobre la grabación de audio y video de todas las paradas de tráfico, más entrenamiento y monitoreo de los empleados de la oficina del alguacil, así como la implementación de un amplio mantenimiento de registros. Los oficiales también serán requeridos del uso del radio sobre una base de cada parada de tráfico antes de hacer contacto con las personas dentro del vehículo.

Reconociendo la necesidad de reparar la relación del MCSO con el público, el juez Snow también ordenó la creación de un Consejo Consultivo de la Comunidad, la designación de un Oficial de Enlace con la Comunidad y la implementación de un programa de alcance a la comunidad.

Los requisitos de la orden deben de permanecer en efecto no menos de tres años, señaló el juez Snow.

“Bajo las medidas establecidas por la corte, el alguacil Arpaio y sus agentes ya no podrán cometer atropellos contra los derechos básicos de la gente como los garantiza la Constitución”, dijo Cecilia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “El MCSO ya no puede negarse a la reforma. Cada persona en el Condado Maricopa merece algo mejor que un departamento de alguacil que comete violaciones generalizadas a los derechos civiles a costa de la seguridad pública. La orden de la corte asegurará que la agencia haga verdaderamente cumplir la ley, y que no irá más en una búsqueda desesperada basada en estereotipos raciales”.

La decisión jurídica del juez Snow en mayo encontró que las normas y prácticas de Arpaio y su oficina son discriminatorias, y violan la Constitución de Arizona, la Cuarta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de EE.UU., y el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964.

Ese fallo se originó de un juicio de tres semanas en julio y agosto de 2012, durante el cual las organizaciones de derechos civiles proporcionaron evidencia a la corte de que el MCSO estaba persiguiendo ilegalmente latinos. Los demandantes demostraron ―mediante la correspondencia interna del MCSO, declaraciones públicas y análisis estadísticos― que el MCSO tuvo la intención de discriminar. La evidencia también mostró que la discriminación tuvo efectos nocivos, incluyendo altas tasas de paradas de tráfico y paradas más prolongadas para los latinos.

“El monitoreo, entrenamiento, mantenimiento de récords y otras disposiciones en la orden emitida hoy por la corte, deben llegar muy lejos hacia la reforma del MCSO”, dijo Stan Young, un socio de Covington y Burling. “Esta reforma ayudará a prevenir perfil racial futuro del tipo que las pasadas normas del alguacil Arpaio alentaron. Estos remedios fueron necesarios para restaurar la confianza del público y el principio de trato igualitario ante la ley”.

El generalizado perfil racial del MCSO causó una cultura de temor en el Condado Maricopa, haciendo que los latinos estuvieran nerviosos de que subirse a un auto pudiera conducir a un interrogatorio por oficiales armados o al encarcelamiento en la cárcel del condado.

“La comunidad latina ha esperado durante mucho tiempo reformas ordenadas por la corte que proporcionen responsabilidad y transparencia a la oficina del alguacil y prevengan el abuso de autoridad que ha sido muy frecuente”, dijo Nancy Ramírez, Asesora Regional del Oeste para MALDEF. “Esperamos que estas reformas largamente esperadas traigan un muy necesitado cambio a la oficina del alguacil.”

Las organizaciones de derechos civiles continuarán luchando si Arpaio apela, y monitorearán muy de cerca las actividades del MCSO mientras la orden de la corte entra en efecto.

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