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Demanda Impugna el Programa “Reportes de Actividades Sospechosas” del Gobierno

FBI abrió expedientes antiterrorismo por inofensivas actividades de los demandantes
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Uno de los más básico y importantes libertades como cuidadanos americanos es el derecho a privacidad.

Uno de los más básico y importantes libertades como cuidadanos americanos es el derecho a privacidad.

July 10, 2014

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto: (415) 621-2493 (press@aclunc.org)

SAN FRANCISCO – Grupos pro derechos civiles interpusieron el día de hoy una demanda que cuestiona la legalidad del polémico programa Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) del gobierno federal. La demanda, presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de California, la ACLU Nacional y el grupo Asiático Americanos Promoviendo Justicia-Coalición Legal Asiática, fue interpuesta en nombre de cinco estadounidenses cuya información fue incluida en las bases de datos de las agencias del orden debido a actividades tan inofensivas como tomar fotos, comprar computadoras o esperar en una estación de tren haciéndolos objeto de investigaciones.

“El programa de vigilancia doméstica erróneamente ataca actividades protegidas por la Primera Enmienda, promueve el uso de perfiles raciales y religiosos y viola la ley federal”, dijo Linda Lye, abogada de la ACLU del Norte de California. “Las propias reglas del Departamento de Justicia establecen que debe existir sospecha razonable antes de abrirle un expediente a una persona, pero el gobierno obliga a las policía local a crear SARs aún si no hay razones válidas para sospechar que alguien hizo algo malo”.

Una regla del Departamento de Justicia que data de 1978 prohíbe la recolección y divulgación de “inteligencia delictiva” a menos que exista “sospecha razonable” de que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la norma del Departamento de Justicia que regula el SAR no requiere que exista sospecha razonable de que se ha cometido un delito, solo que se identifiquen conductas que “puedan indicar” que se está planificando un acto terrorista u “otra intención ilícita”.

Los demandantes saben que esto puede incluir virtualmente cualquier actividad. James Prigoff, de 86 años, es un reconocido fotógrafo de arte público que ha dado conferencias en muchas universidades y cuyas obras han sido expuestas en el Smithsonian y otros museos alrededor del mundo. En el 2004, estaba en Boston tomando fotografías de una famosa obra de arte público, llamada Rainbow Swash, la cual está pintada sobre un tanque de almacenamiento de gas natural. Guardias de seguridad privados le dijeron que dejara de hacerlo. Varios meses después, el FBI llegó a la casa de Prigoff en Sacramento para interrogarlo acerca de sus actividades en Boston y le preguntaron por lo menos a uno de sus vecinos acerca de él—claro indicativo de que existía y se había distribuido a nivel nacional un Reporte de Actividad Sospechosa acerca de su persona.

“Lo único que hice fue tomar fotos en un lugar público y ahora aparentemente permaneceré décadas en una base de datos gubernamental antiterrorismo”, dijo Prigoff. “Se supone que este es un país libre, en donde el gobierno no debe estar monitoreándote si no estás haciendo nada malo. Viví la era de McCarthy y sé cómo falsas acusaciones, vigilancia y abrir expedientes a personas inocentes puede destruir profesiones y vidas. Me preocupa sobremanera que el programa SAR pueda recrear el mismo clima de falsas denuncias y temor en nuestros días.”

Otro de los demandantes, Wiley Gill, fue objeto de un SAR en el 2012. La ACLU de California obtuvo el reporte solicitándolo bajo la Ley de Registros Públicos. Fue identificado como “Sujeto Sospechoso Masculino en Posesión de un Juego Simulador de Vuelos”. En ese entonces, lo más seguro es que leía en su computadora páginas web acerca de videojuegos. El SAR identifica a Gill como “digno de atención” porque se había convertido al Islam y tenía una “actitud piadosa”.

El SAR fue enviado a uno de los 78 “centros de fusión” de la nación, administrados por agencias del gobierno estatal y local que recopilan y analizan información de amenazas potenciales. Si un analista considera que un reporte reúne los requisitos del programa SAR, el mismo es incluido en una o más bases de datos nacionales, en donde puede permanecer hasta por 30 años. En el caso de Gill, el SAR fue enviado al FBI y se abrió un expediente de su persona.

“La única razón por la que alguien consideró ‘sospechoso’ al Sr. Gill fue porque es Musulmán devoto, no porque hizo algo malo”, dijo Nasrina Bargzie, abogada del grupo Asiático Americanos Promoviendo Justicia-Coalición Legal Asiática. “Con estándares tan ambiguos, no es sorprendente que se caiga en este tipo de discriminación. El uso de perfiles raciales y religiosos contra Árabes, persona del Medio Oriente, Musulmanes y personas provenientes de comunidades del sur de Asia debe terminar.”

El año pasado, una investigación de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. reveló que el programa SAR no ha podido demostrar ningún arresto, convicción o amenaza frustrada incluso tras incluir decenas de miles de SARs en las bases de datos del gobierno. En el 2012, un informe de un subcomité bipartidista del Senado reveló que los centros de fusión no han identificado una sola amenaza terrorista y que este tipo de inteligencia “potencialmente ponen en peligro las libertades civiles o disposiciones legales que protegen la privacidad de los estadounidenses que mencionan”.

“El programa SAR es una injustificada invasión a la privacidad de los ciudadanos”, dijo Jonathan Loeb, codefensor principal de la demanda y abogado de Bingham McCutchen. “Es más, el programa fue implementado sin notificación adecuada y sin brindar al público la oportunidad de expresar su opinión.”

El programa SAR no ha sido modificado desde que se publicaron los informes de GAO y del Senado, a pesar de las solicitudes continúas de una coalición de derechos civiles y otras organizaciones.

 
 

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