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El gobierno federal estableció cuotas de deportación-USA Today informa sobre registros descubiertos en primer lugar por la ACLU

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El gobierno Federal estableció cuotas de deportación

El gobierno Federal estableció cuotas de deportación

February 22, 2013

 

por Raul Pinto, ACLU de Carolina del Norte

En un artículo de portada del 15 de febrero en el periódico USA Today, se hicieron públicos los resultados de nuestra investigación sobre la colaboración entre los agentes del orden público e ICE en el sureste. Durante un supuesto control de cinturones de seguridad realizado el mayo pasado por la Oficina del Sheriff de Carolina del Norte en el Condado de Jackson, ICE implementó una de muchas iniciativas propias para asegurar que el número de deportaciones criminales llegasen al nivel del año previo. En términos más simples: una cuota.

¿Por qué estaban preocupados los oficiales de ICE en hacer cumplir leyes locales sobre los cinturones de seguridad? No lo estaban. Estaban ahí para interrogar a conductores sobre su estatus migratorio. Muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales fueron detenidos por hasta 45 minutos en ruta al trabajo para probar su estatus migratorio, y quince aspirantes a la ciudadanía fueron llevados bajo la custodia de ICE esa mañana.

La ACLU de Carolina del Norte lanzó una investigación de este control, el cual incluyó una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Los hallazgos fueron perturbadores. Aparte de implementar una política de participación en los controles a lo largo del sureste, ICE también propuso hurgar en los registros de la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte para obtener información sobre inmigrantes que solicitaron una licencia de conducir pero no pudieron cumplir los requisitos de inmigración impuestos por la ley estatal del 2006. Otra iniciativa de ICE consistía en considerar a individuos sin licencia de operador como “extranjeros criminales” (criminal aliens).

Este sistema engendra violaciones de los derechos constitucionales, y promueve prácticas de perfilado racial por parte de los oficiales de ICE y de agencias locales del orden público. El supervisor anterior de las oficinas de campo de ICE, David Venturella, fue citado en el artículo de hoy de USA Today diciendo que muchos de los asistentes de John Morton parecían pensar que sus carreras dependían en que subiesen el número de deportaciones. Relatos de cómo la iniciativa de controles fue implementada por la Oficina del Sheriff del Condado de Jackon sugieren que los ayudantes del Sheriff pararon sólo a los conductores latinos durante los controles y que conductores que tenían puestos sus cinturones de seguridad y portaban licencias de conducir válidas de Carolina del Norte fueron parados para ser interrogados por ICE.

Estas tácticas, y las prácticas de perfilado racial en particular, violan los derechos garantizados por nuestra Constitución de trato igualitario ante la ley. Las prácticas de perfilado racial son una manera inefectiva, derrochadora, e inconstitucional de hacer cumplir las leyes, son métodos que privan frecuentemente a las personas de sus libertades sin un proceso debido. Las prácticas de ICE lanzan una red de captura la cual  atrapa a miembros contribuyentes de nuestras comunidades, individuos respetuosos de la ley y trabajadores, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales. También ponen en evidencia la necesidad de que el gobierno federal tome pasos afirmativos para asegurar que esto no pase de nuevo, como la necesidad de arreglar un sistema de inmigración quebrado (incluyendo con respecto a "enforcement," el cumplimiento de las leyes).

En el momento que el presidente Obama y el Congreso encaran la reforma migratoria, la ACLU ha desarrollado un esbozo de principios (framework) y urge a los legisladores que promuevan sus prioridades en cualquier propuesta. Pueden encontrar el esbozo de principios en inglés aquí.

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