a
b
No

Fiscal le dice a mujer embarazada que recibió un puñetazo en el estómago: La “agresión de un latino por parte de otro latino” merece menos protección

Send to friendRecomendar en FacebookCompartir en TwitterPrinter-friendly version

May 29, 2015

Chris Rickerd, Oficina Legislativa de la ACLU en Washington y Carolyna Caicedo Manrique, Abogada de la ACLU de Carolina del Norte

De acuerdo a Locke Bell, fiscal de distrito del Condado de Gaston, Carolina del Norte, el origen étnico de un sobreviviente de violencia doméstica puede evitar que reciba igual protección bajo la ley. The Charlotte Observer reportó que Bell se negó a certificar la aplicación de visa de una sobreviviente de violencia doméstica porque opina que la ley pertinente que protege a las víctimas de crímenes “no fue concebida para proteger a los latinos de otros latinos”.

La controversia gira alrededor de Evelin, sobreviviente de violencia doméstica que valientemente llamó a la policía para acusar a su abusivo novio. Ella indicó que él le pegó, pateó y tiró de su cabello. La semana pasada, él regresó a su casa después de haber sido deportado, la acusó de salir con otro hombre y la pateó repetidamente. Evelin reportó el crimen a la policía y, como es su derecho, aplicó para una visa U.

Las visas U son para víctimas de ciertos crímenes que han sido abusadas mental o físicamente y ayudan a las autoridades y funcionarios del gobierno a investigar o encausar el crimen. El Congreso creó la visa temporal U para no inmigrantes en el 2000–como parte de una legislación que incluyó a la Ley para la Protección de las Mujeres Inmigrantes Maltratadas. La visa, contrario a lo que cree Bell, no hace distinciones basadas en origen étnico o estatus migratorio de una persona.

Al enterarse que Bell la descalificó de recibir protección debido a su origen étnico, Evelin comentó: “No es justo. Es injusto. Él debe recordar que todos somos seres humanos”. Michael Moore, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA, por sus siglas en inglés), está de acuerdo y declaró a Latin Times: “No puedo ni encontrar las palabras para describir [lo que de acuerdo a los informes hizo Bell]…falta de profesionalismo no es suficiente… despreciable puede ser más preciso”. Moore expresó que si Bell hubiera sido miembro de la NDAA, hubiera sido expulsado.

Se decepcionará al saber que el gobierno federal no repudió la política de Bell. 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. administra las visas U (USCIS por sus siglas en inglés). Y tuvo por lo menos dos oportunidades de condenar la política racista de Bell, pero la agencia optó por guardar silencio. En su lugar, USCIS lánguidamente dirigió a los periodistas a un sitio web que explica que  certificar la visa queda a discreción de la fiscalía y de las autoridades. Pero la decisión de Bell no tuvo nada que ver con el ejercicio legal de su discreción: Es una flagrante discriminación étnica que USCIS y los funcionarios federales encargados de proteger los derechos civiles debieron condenar de la forma más enérgica posible.

La administración Obama tiene que corregir la situación, acudir a las comunidades afectadas y demostrar que le importan los inmigrantes que son víctimas de crímenes sin importar dónde vivan.

Un estudio realizado por la Clínica de Políticas de Inmigración/Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill concluyó en base a los resultados de una encuesta que “más de 190 agencias certificadoras [de visas U] niegan la certificación en base a normas que parecen exceder el alcance previsto por el Congreso”. Criticó la “ruleta geográfica” que determina la protección de un sobreviviente. La Clínica Legal de Asilo e Inmigración de la Universidad DePaul también determinó que “la ubicación de un crimen juega un papel cada vez mayor en el acceso a la justicia por parte de la víctima debido a la disparidad de la certificación U”.

En otras palabras, varias jurisdicciones están negando la certificación de la visa U a los sobrevivientes de violencia doméstica y de otros crímenes que califican para estas visas. Por lo tanto, USCIS urgentemente necesita trabajar en estos lugares, educando a la fiscalía y a las autoridades acerca de la visa U y establecer alternativas para la certificación en las jurisdicciones recalcitrantes.

El estudio de UNC también recomienda que el Departamento de Seguridad Nacional “emita un memorándum nuevo y/o modificado explicando la política y provea orientación para aclarar y definir mejor el alcance de la autoridad de las agencias certificadoras y los parámetros de las prácticas aceptables.” Se necesitan nuevas regulaciones para poner fin al desenlace desigual de casos en los que los inmigrantes víctimas de crímenes atraviesan situaciones similares. El Congreso también debe modificar la ley de las visas U para permitir que los solicitantes que califican y que se les niega la certificación, reciban una visa U por parte de USCIS.

USCIS debe demostrar que está tomando en serio las políticas prejuiciadas de Bell esforzándose por erradicar todos los obstáculos ilegítimos que impiden la certificación de la visa U. La administración Obama debe reafirmar que el racismo y la antipatía contra la nacionalidad de una persona no tienen lugar en la ley de EE.UU. y que no dejará sin protección a ningún inmigrante que sea sobreviviente de violencia doméstica u otros crímenes.

Evelin y un sinnúmero de personas se merecen eso por lo menos.

 
 

©2017 ACLU of Northern California, reservados todos los derechos. Normas de intimidad en Internet (Privacy Statement) | Acuerdo para el uso (User Agreement)