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Florida: Corte de Apelaciones de EE.UU. ratifica orden restrictiva para detener exámenes de drogas para solicitantes de ayuda gubernamental

Demanda de la ACLU representando al veterano de la fuerza naval dio lugar a medidas cautelares contra la ley inconstitucional de 2011
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Todos nosotros estamos protegidos de búsquedas irrazonables, invasoras, y sin sospecha

Todos nosotros estamos protegidos de búsquedas irrazonables, invasoras, y sin sospecha

February 26, 2013

El día de hoy, la Corte del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta aceptó por unanimidad la medida cautelar de un tribunal inferior que puso fin a la ejecución de la ley de Florida de 2011 que obliga a solicitantes de Asistencia Temporal del estado para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) a someterse a pruebas de drogas. La aplicación de la ley había sido previamente detenida por un juez de distrito a pocos meses de su implementación, como resultado de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de la Florida. La corte de apelaciones ha concluido hoy que "el simple hecho de buscar ayuda pública no puede privar a un solicitante de TANF de la misma protección constitucional sobre búsquedas irrazonables de la que todos los otros ciudadanos gozan."

La ACLU de la Florida, junto a Florida Justice Institute (FJI), desafió la ley de Florida de 2011 que requiere que todos los solicitantes para el programa TANF deban someterse a una prueba de drogas sin sospecha, en una demanda presentada el 6 de septiembre de 2011 en el Distrito Medio de Florida en nombre de Luis Lebrón, de Orlando. Dicho tribunal dictaminó que las pruebas de drogas obligatorias constituyen un tipo de registro contemplado en la Cuarta Enmienda, y emitió una prohibición judicial que prohibía al estado aplicar dicha ley inconstitucional. El estado de Florida apeló la medida cautelar, y hoy un panel de tres jueces de la Corte del 11 Circuito de Apelaciones sostuvo que el tribunal de primera instancia tenía razón en poner fin a la ley y considerarla inconstitucional.

"Estoy muy contenta por Luis y su familia, y por los miles de miembros de la clase que él representa, de que otro tribunal haya afirmado que todos nosotros estamos protegidos de búsquedas irrazonables, invasoras, y sin sospecha", afirmó Maria Kayanan, directora jurídica adjunta para la ACLU de la Florida y abogada principal en el caso. "La decisión del tribunal establece claramente que la protección de la Cuarta Enmienda que evita que seamos sometidos este tipo de búsquedas invasivas nos protege a todos, incluyendo a aquellos que están luchando para llegar a fin de mes en esta economía difícil. El estado de Florida no puede tratar a todo un segmento de la comunidad como presuntos criminales simplemente porque son personas de bajos recursos y están tratando de obtener asistencia temporal por parte del gobierno para mantener a sus familias."

Luis Lebrón, un veterano de la Marina y padre soltero, y quien es además la única persona a cargo de su madre –una mujer con discapacidad-, tenía 35 años de edad, y estaba estudiando tiempo completo en la Universidad Central de Florida cuando solicitó asistencia temporal en julio de 2011, para poder mantener a su hijo de 4 años de edad. Cuando se le informó que iba a ser sometido a un registro humillante e invasivo sin causa o sospecha, Lebron se negó a renunciar a sus derechos de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables y someterse a la prueba de la droga recién requerida.

"Estoy muy contento de que la decisión de hoy confirme lo que yo había creído desde el principio", dijo Lebrón. "El Estado no podía hacer lo que quería hacer conmigo mí y mi familia sin razón o sospecha. Me alega que el tribunal estuviera de acuerdo, y me siento orgulloso de que otras familias como la mía van a continuar estando protegidas."

En la decisión unánime de hoy, escrita por la Jueza Rosemary Barkett, el tribunal sostuvo que no sólo no había el tribunal inferior sobrepasado sus límites en la emisión de la orden judicial, sino que el Estado no había demostrado que hubiera ninguna razón para tratar a las familias pobres de Florida como personas con más probabilidades de ser consumidores de drogas.  "No hay nada inherente a la condición de ser pobre que apoye la conclusión de que existe un ‘peligro concreto’ de que las personas pobres son propensas al consumo de drogas", escribió Barkett para la corte. En un voto concurrente, el juez Adalberto Jordan declaró que, “Constitucionalmente hablando, la posición del Estado había llegado demasiado lejos".

"La Corte afirmó hoy que la cuarta enmienda protege a todos, incluso a aquellos que necesitan ayuda temporal por parte del gobierno", dijo Randall Berg, del Florida Justice Institute, co-abogado junto a la ACLU. "Exigir pruebas de drogas sin sospecha a beneficiarios de TANF es una pendiente resbaladiza que llevaría a la necesidad de realizar pruebas de drogas a solicitantes de cualquier tipo de beneficio del gobierno, incluida la seguridad social, los subsidios agrícolas, y becas estudiantiles. Se debe marcar un límite, y el 11 º Circuito lo hizo el día de hoy.”

"Al defender la decisión del tribunal de primera instancia para anular el esquema de la Florida de pruebas de drogas como una violación inconstitucional de las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, el 11 º Circuito prohibió al estado a someter a personas respetuosas de la ley que están solicitando el TANF a la indignidad de una invasora e injustificada revisión de sus fluidos corporales ", dijo Jason Williamson, abogado de la ACLU para el Proyecto de Reforma de la Ley Penal y co-asesor en la demanda. El Proyecto de Reforma de la Ley Penal también prestó asistencia jurídica en el caso. "La decisión del Circuito 11 deja en claro que el estado de Florida debe respetar los derechos constitucionales de las personas más vulnerables, y no puede utilizar conceptos erróneos generalizados, sin fundamentos, y mezquinos sobre las personas con bajos recursos, para sustituir las sospechas individualizadas que se requieren normalmente como exigencia de la Cuarta Enmienda. Este caso envía un mensaje a todos los estados que, si bien puede ser políticamente conveniente, no pueden pisotear los derechos de las personas de bajos recursos.”

"Este es ahora el segundo Tribunal Federal que informa al gobernador Scott que diseñar  políticas públicas basándose en un estereotipo negativo –que el tanto promovió cuando era candidato- es inconstitucional", dijo Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU de Florida. "Se podría pensar que un gobernador supuestamente conservador protegería a las personas inocentes de búsquedas irrazonables por parte el gobierno – pero este no parece ser el caso para personas en la Florida."

Desde la aprobación de la ley de la Florida, los estados de Arizona, Missouri, Georgia, Utah y Tennessee han aprobado leyes que someten a los ciudadanos que solicitan ayuda del gobierno a registros sin sospecha. Otros estados han aprobado leyes similares, y las legislaturas de otros estados están considerando leyes similares. En 2011, el gobernador Scott emitió una orden ejecutiva requiriendo que los empleados estatales sean sometidos a pruebas de drogas sin sospecha también, una decisión que fue prohibida también por un tribunal federal.

La opinion del 11vo Circuito de Apelaciones está disponible en inglés aquí: here:http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/201115258.pdf

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Acerca de la ACLU de la Florida: la ACLU de la Florida es el celador de la libertad, trabajando a diario en los tribunales, en la legislatura y a todo lo largo y ancho de la Florida, para defender los derechos individuales y las libertades personales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de la Florida y la Carta de Derechos. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en: www.aclufl.org

 
 

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