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Florida: La Enmienda 8 distorsiona la libertad

Comentarios de Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU-FL, sobre la Enmienda 8
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October 2, 2012

De las once enmiendas constitucionales propuestas que los políticos en Tallahassee han introducido en las boletas electorales para este noviembre, es la Enmienda 8 -una propuesta hábilmente redactada pero engañosamente radical- la que desgarra el corazón y el alma de la separación entre Iglesia y Estado de la Constitución de la Florida.

Durante casi 127 años, nuestra constitución estatal ha requerido que los fondos de los contribuyentes no sean utilizados para las iglesias y programas religiosos. 

Esta tradición constitucional se aplica por igual a todos los grupos religiosos, sin ninguna excepción. Los fondos del gobierno no se pueden utilizar para promover ninguna religión. En los Estados Unidos, los programas religiosos son financiados por los feligreses, no por los contribuyentes.

Si bien el principio constitucional prohíbe fondos de los contribuyentes para las iglesias y los programas sectarios, las organizaciones benéficas con afiliaciones religiosas continúan recibiendo contratos por parte de las agencias gubernamentales, pero para desarrollar programas que atiendan las necesidades de la gente, no por razones religiosas.

Ese principio constitucional se ha visto reforzado por decisiones recientes de los tribunales de la Florida. Los fondos de los contribuyentes no pueden ser utilizados con fines religiosos, pero sí son permisibles los contratos del gobierno con organizaciones benéficas religiosas para llevar a cabo programas que atiendan las necesidades de la comunidad.  

Sin embargo, revocar el principio de separación entre Iglesia y Estado no es lo único que hace la enmienda 8, también le otorga un derecho constitucional a cualquier persona o entidad (¡Sea la que sea!) que se autodenomine organización religiosa, a recibir cualquier "beneficio" del gobierno, sin supervisión o rendición de cuentas sobre cómo se gastan los fondos de los contribuyentes. El "beneficio" podría incluir, por ejemplo, un vale para educación religiosa en una escuela gestionada por una organización religiosa o el financiamiento de programas  de cuidado de la salud que ocultan información acerca de la anticoncepción a las mujeres que son víctimas de la trata de personas.

Los partidarios de la Enmienda 8 la han construido sobre los cimientos del engaño. Ellos le llaman a la propuesta "libertad religiosa", pero en realidad está diseñada para permitir la financiación gubernamental para escuelas religiosas y programas religiosos.

Sus defensores afirman que esta enmienda va a acabar con la discriminación religiosa, cuando en realidad no hay ninguna discriminación. La prohibición constitucional de otorgar dólares de los contribuyentes a la religión no es una discriminación religiosa. La separación entre iglesia y estado es uno de los valores más antiguos de los Estados Unidos, y nos protege a todos.

Si usted quiere echar un vistazo a cómo sería la vida en la Florida si la Enmienda 8 formara parte de nuestra constitución, tome como ejemplo Massachusetts. El gobierno le dio a la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. un contrato para distribuir fondos de los contribuyentes entre organizaciones que ayudaran a víctimas de trata de personas, de conformidad con la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas del 2000.

Y a pesar de que los fondos fueron asignados específicamente para cubrir todos los aspectos del cuidado de la salud para esta población vulnerable, los obispos se negaron a permitir que estos grupos utilizaran el dinero para proporcionar anticoncepción o incluso referencias para la anticoncepción.

La ACLU está ahora defendiendo la decisión del tribunal federal acerca de que los fondos de los contribuyentes no pueden ser utilizados para imponer creencias religiosas al negar servicios vitales de salud. Los obispos afirman que por su derecho a la libertad religiosa pueden conseguir un contrato con el gobierno y luego retener servicios basados ??en sus creencias religiosas, independientemente de las condiciones del contrato y de las necesidades de las víctimas de trata atendidas por el programa.

Este es el concepto de la llamada "libertad religiosa" que subyace a la Enmienda 8, el pretendido "derecho" a obtener fondos de los contribuyentes para programas o servicios que siguen principios religiosos sectarios. La Enmienda 8 es un intento de legalizar esta práctica en la Florida mediante la modificación de la Constitución del Estado.

Todo grupo tiene el derecho constitucional de crear sus propios programas para satisfacer las necesidades de la comunidad. Pero si un grupo tiene la intención de contar con programas que se rigen por la doctrina teológica, no deben acudir al gobierno para su financiamiento. El  dinero de los contribuyentes no se debe utilizar para promover ninguna doctrina religiosa.

De lo que realmente se trata la Enmienda 8 no es de libertad religiosa sino de acceso a los fondos de los contribuyentes para la religión. La propuesta de la Enmienda 8 no busca la libertad religiosa, es una distorsión de esta libertad.  

¿Serán los votantes de Florida estafados por esta propuesta engañosa?

Este noviembre, los votantes deben defender el valor estadounidense más antiguo: la separación entre Iglesia y Estado, al votar No en la 8.

Howard Simon,
Director Ejecutivo
Unión Americana de Libertades Civiles

Ver texto original en la columna de opinión de Miami Diario, haciendo clic aquí. 

 
 

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