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Inmigrantes No Tienen Acceso a la Justicia

Por Sarah Mehta, Becaria del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
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Inmigrantes No Tienen Acceso a la Justicia

Inmigrantes No Tienen Acceso a la Justicia

April 2, 2014

Ayer, yo me uní a varias organizaciones con el objetivo de informarle al gobierno de los EE.UU. de sus compromisos de derechos humanos relacionados al acceso a la justicia.

Mi presentación se centró en el acceso a la justicia en el sistema de inmigración de los EE.UU. y fue parte de una serie de consultas que el gobierno de Obama está llevando a cabo con grupos de derechos civiles y humanos en preparación para el reporte de la Revisión Periódica Universal (Universal Periodic Review, o UPR por sus siglas en inglés), el cual será sometido al comité de Derechos Humanos de la ONU por el gobierno estadounidense este año.

El testimonio fue una oportunidad para recordarle al gobierno estadounidense (que fue representado durante la audiencia por funcionarios de varias oficinas, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia) que el sistema de justicia está cerrado para muchos inmigrantes que enfrentan su deportación.

Más de dos millones de inmigrantes han sido deportados bajo la administración del Presidente Obama. Y el año pasado – según los propios archivos del gobierno – más del 70 por ciento de ellos ni siquiera tuvieron una audiencia ante un juez de inmigración. La persona encargada de revisar si tienen el derecho de permanecer en los Estados Unidos es un oficial de inmigración. Durante la investigación que estoy llevando a cabo en los Estados Unidos y en México, he encontrado que la mayoría de las personas que son deportadas, no tienen idea de cuáles son sus derechos, que derechos están renunciando, y de cuales sanciones aceptan al firmar una orden de expulsión del país. En algunos lugares, los oficiales fronterizos raramente les preguntan a las personas detenidas si tienen miedo de regresar a su país de origen – uno de los pocos, pero esenciales, requisitos que han sido establecidos para proteger a personas en nuestras fronteras. Esta omisión tiene consecuencias graves: algunas de las personas que hemos entrevistado han sido abusadas, violadas o secuestradas después de pedir ayuda y ser deportadas.

Entre las personas que son deportadas rápidamente sin ninguna audiencia se incluyen niños que viajaban solos – a gran riesgo personal – a los Estados Unidos. El mes pasado, hablé con 13 niños que viajaban solos, los cuales tenían entre 11 y 17 años y habían sido deportados. Me contaron cómo les gritaban, y los aterrorizaban los oficiales de inmigración durante su detención antes de firmar un papel que ellos no entendían y nunca se les explico bajo presión por los oficiales.

Incluso, aquellas personas que si reciben una audiencia raramente tienen un abogado. A diferencia en las cortes criminales de EE.UU., donde el derecho a un abogado es garantizado a casi todos, independientemente de su capacidad de poder pagar, en la corte de inmigración sólo los inmigrantes que pueden pagarle a un abogado generalmente contratan a uno. Y sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional – la agencia que arresta, enjuicia y deporta a inmigrantes – siempre es representado en procedimientos de removimiento, aunque los inmigrantes, incluyendo niños pequeños de hasta tres años, tienen que valerse por sí mismos.

En medio de esta situación sombría, hay algunos pequeños signos de mejoría. El año pasado, gracias a una demanda interpuesta por la ACLU, una corte federal en California ordenó al gobierno a proveer un abogado a inmigrantes detenidos que tienen una discapacidad mental. Y alentadoramente, el proyecto de ley de inmigración aprobado por el Senado estadounidense – el cual cuenta con el apoyo del Presidente Obama – el año pasado, proporcionaría abogados a personas con ciertas discapacidades mentales designadas, a los niños y a otros inmigrantes vulnerables. El gobierno de EE.UU. anteriormente ha hecho promesas acerca de estos temas, pero estas promesas han frecuentemente sido olvidadas.

El gobierno estadounidense ahora debe cumplir con sus obligaciones y extender representación legal a todos los inmigrantes que enfrentan la deportación de los Estados Unidos. Negarles a inmigrantes la habilidad de defenderse contra la deportación y de tener un día justo en corte viola los derechos humanos internacionales  y el derecho garantizado por la Constitución estadounidense de un debido proceso.

 
 

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