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Las filiales de la frontera de la ACLU se oponen a las disposiciones de control fronterizo en la propuesta de reforma migratoria S.744

Se buscará reforzar la protección a los derechos humanos y civiles
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June 27, 2013

Las filiales de la frontera sur de la ACLU, incluyendo a la ACLU de California, Arizona, New México y Texas, han formulado la siguiente declaración conjunta en respuesta al voto del Senado para proceder con la reforma migratoria:

Las filiales de la frontera sur de la Unión Americana de Libertades Civiles se oponen firmemente a las disposiciones de la Propuesta de Ley S.744 de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica, y Modernización de Migratoria, que híper-militariza las comunidades fronterizas de EE.UU-México sin mecanismos de responsabilidad adecuados, ni suficiente supervisión de los recursos para el control de la frontera. La retórica de una “oleada” estilo militar aquí en suelo nacional, semejante a las operaciones militares en el extranjero, demuestra cuán equivocadas y ofensivas se han vuelto las disposiciones para reforzar la frontera.

En su enmienda, la ley S.744 pide billones de dólares para despilfarrar en el reforzamiento de la frontera en tiempos en que las comunidades fronterizas son las más seguras de la nación, la migración neta de México está igual o menor a cero, y los índices de aprensión están en sus niveles históricos más bajos.  Esta propuesta ignora el nivel de inversión, sin precedentes, que ya se ha hecho para hacer la frontera más segura y no provee las protecciones básicas necesarias para prevenir los continuos abusos y violaciones de derechos humanos y civiles que suceden en la región fronteriza, los cuales incluyen discriminación racial descontrolada y el sistemático uso excesivo de fuerza.

La ley S.744 destinará $46.3 billones o $38 billones más, que los fondos incluidos en la versión de la ley aprobada por el Comité. Duplicará el tamaño de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur a más de 38,000 agentes en 10 años a un costo de $30 billones, ordena la construcción y mantenimiento de cientos de kilómetros de muro fronterizo a un costo de $8 billones; y requiere un plan de vigilancia de alta tecnología de $3.2 billones, utilizando aviones no tripulados y otra tecnología de vigilancia en comunidades fronterizas.

Cuando en los Estados Unidos los presupuestos escolares, redes de seguridad, y otros programas vitales están siendo recortados, es reprobable el aumento masivo cuando ya existe un exceso en los recursos destinados a seguridad fronteriza.  Solamente el año pasado, $18 billones del dinero de los contribuyentes se gastó en el control de la frontera y en la aplicación de leyes de migración – más de todo el capital de todas las agencias del orden público reunidas.  

Mientras continúa el debate sobre la reforma migratoria, nosotros seguiremos trabajando para mejorar y aumentar la responsabilidad y supervisión en la aplicación de las leyes de migración y para garantizar que existan sólidas protecciones a los derechos civiles y humanos, que incluyan:

  • Control y equilibrio en el uso de fuerza de Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): Mejor capacitación, informes públicos, y prevención del uso de fuerza de CBP para evitar agravios innecesarios o muertes, incluir una rendición de cuentas significativa y medidas de disciplina por el uso de fuerza inadecuado e ilegitimo.
  • Condiciones humanas de detención: Establecer normas de detención a corto plazo que asegure que las personas en custodia reciban atención médica, el debido proceso, y alojamiento razonable, garantizadas por la constitución.
  • Rendición de cuentas: Mejoras en la administración y supervisión de los agentes fronterizos e impulsar mecanismos adicionales que garanticen la responsabilidad de los agentes que abusen de su autoridad.  Por ejemplo, exigir que oficiales de CBP en el campo o en los puertos de entrada, utilicen cámaras en la solapa que grabe todos los encuentros que tengan los agentes, protegiendo así a civiles de abusos y a los agentes de falsas acusaciones de abusos.
  • Reducir la autoridad de CBP a participar en detenciones sin orden judicial para investigación, actualmente esa autoridad se extiende a 100 millas de la frontera, así como también reducir la autoridad de entrar a propiedad privada a 25 millas de la frontera.
  • Terminar con el absurdo y exorbitante gasto de prosecución y encarcelamiento de decenas de miles de migrantes al año, quienes no representan ninguna amenaza para la seguridad pública y que podrían ser procesados de manera administrativa en lugar de ser enviados a prisiones privadas abusivas.

Si la reforma migratoria pasa el proceso del Congreso con este ofensivo “aumento repentino” en recursos militares y trato a nuestras comunidades fronterizas sin controles y equilibrios básicos, la ACLU está preparada y lista para luchar por justicia y rendición de cuentas por todos los medios legales.  Con oficinas en Brownsville, Las Cruces, Tucson, y San Diego, con el Centro Regional para Derechos Fronterizos, la coordinación de un sistema bi-nacional para documentar abusos, y un nuevo Proyecto de Litigios en Frontera – y junto con la colaboración de nuestros aliados y el apoyo y fuerte respaldo de la Oficina Nacional de la ACLU, estamos comprometidos a continuar esta larga lucha para recuperar la igualdad de los derechos de nuestras comunidades fronterizas.

 
 

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