a
b
No

Ley discriminatoria SB 1070 ante el Tribunal Supremo

Send to friendRecomendar en FacebookCompartir en TwitterPrinter-friendly version
Andre Segura es un abogado con el Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes (IRP) de la ACLU.

Andre Segura es un abogado con el Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes (IRP) de la ACLU.

April 23, 2012

Por Andre Segura

Hoy se marca el segundo aniversario de la SB 1070-una ley que busca castigar a los inmigrantes en la forma que el estado de Arizona considera conveniente y que radicalmente expande el poder de los estados para imponer las leyes de inmigración. El miércoles, El Tribunal Supremo tendrá que tomar en cuenta cuatro disposiciones de la ley SB 1070 las cuales determinarán hasta qué punto la policía local puede tomar el control de la inmigración en sus propias manos-específicamente, si la policía puede exigir “papeles” e investigar el estado migratorio si sospechan que una persona es indocumentada y si puede arrestar a personas sin orden judicial si cree que estos individuos podrían ser deportado/as. El Tribunal también determinará si los estados pueden crear sus propias leyes para castigar a los inmigrantes por no llevar documentos y por trabajar sin autorización.

La Unión Americana de Libertades Civiles, El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, MALDEF, y una coalición de grupos de derechos civiles presentaron el primer gran reto a la SB 1070 y recientemente sometieron un escrito amigo-de-la-corte en apoyo al gobierno federal en el caso que se presenta ante el Tribunal Supremo.  Pero la lucha no se detuvo en Arizona.  Hemos seguido desafiando todas las leyes que se modelan en la ley SB 1070 para garantizar que todos los residentes de esos estados no sean sujetos a la discriminación racial en nombre del control migratorio.  Como hemos sido advertidos por jefes de policías de varias partes del país, estas leyes anti-americanas obligan a que los oficiales basen sus acciones en la apariencia física de las personas y en su forma de hablar. Estos procedimientos inevitablemente alienan a las comunidades servidas por los oficiales, y consecuentemente afectan la seguridad pública.

Nuestra nación fue testigo del error de estas leyes.  En Alabama, después que algunas disposiciones  de la ley entraron en vigor se precipitó una crisis humanitaria y de derechos civiles.  E incluso en los estados donde estas leyes permanecen bloqueadas, hemos sido testigos de la devastación económica y de la fracturación de comunidades bien establecidas.

Pero independientemente de la decisión del Tribunal Supremo, dos cosas han quedado muy claras.  La nación ha llegado a un momento crítico.  Después de competir por el título de “estado más anti-inmigrante,” los estados están empezando a reconocer que hacerlo es ir cuesta abajo.  Este año los intentos de aprobar más legislación imitadora han fracasado en todos los estados-aun donde los legisladores prometieron pasar nuevas restricciones anti-inmigrantes.

Y los problemas creados por estas leyes no se limitan únicamente a los estados.  El gobierno federal también debe tomar medidas.  El Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional, y el Departamento de Justicia deben terminar  con todas las prácticas y programas federales, incluyendo el programa de Comunidades Seguras y el programa 287g, que fomentan la discriminación racial de los latinos y otras minorías raciales y étnicas.  Es hora de restablecer la justicia y la igualdad para todos.

 
 

©2017 ACLU of Northern California, reservados todos los derechos. Normas de intimidad en Internet (Privacy Statement) | Acuerdo para el uso (User Agreement)