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Madres y niños que huyen de la violencia merecen una oportunidad justa

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August 25, 2014

Children's Rights

Por Mitra Ebadolahi, Abogada del Litigios en Frontera, ACLU de San Diego y los Condados Imperiales

Imagina esto: Hace algunos meses, una joven madre se da cuenta de que si no deja su casa, sería violada, asesinada, o ambas.  Ella tiene dos niños pequeños – un bebé y un niño menor – y muy pocos recursos.  Ella sabe que no puede contar con la policía para protegerla.  Sin ninguna otra opción, ella decide arriesgarse en un viaje de más de 2,000 mil millas hacia el norte, mucho de ese camino a pie y a través de terrenos peligrosos y difíciles, con la esperanza de encontrar refugio de sus persecutores.

En lugar de eso, cuando llego a El Paso, Texas, ella y sus niños fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza, quienes sin demora enviaron a la familia a un centro improvisado en la remota zona de Artesia, Nuevo México.  Ahí, ésta madre y sus niños se unieron a cientos de otras mujeres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, muchos huyendo de la violencia de pandillas, brutales abusos sexuales, y una vida de miedo e inseguridad perpetua.

Resulta que Artesia, es el equivalente a un hoyo negro en detención.  Está a tres o cuatro horas en automóvil del área metropolitana más cercana donde se pueden encontrar abogados de migración.

Igualmente inquietante s son los reportes que se tiene de que a éstas familias – algunas de las mujeres y niños más vulnerables en el mundo – se les ha estado negando información sobre sus derechos fundamentales según las leyes estadounidenses, en particular su derecho de consultar un abogado o de solicitar asilo u otra salida a la deportación debido a su verdadero temor de persecución en caso de regresar a su país de origen.

Oficiales de migración que trabajan en Artesia de manera habitual interfieren con la posibilidad de que estas familias contacten a un abogado.  Las llamadas telefónicas – incluyendo las llamadas a los abogados- solo se permiten una vez al día y son cortadas de manera regular por oficiales de migración después de tres o cinco minutos.  A muchos abogados se les ha negado el acceso a sus clientes o han sido informados por las autoridades que en las audiencias no se les permite hablar para defender los derechos de sus clientes. Cuando una madre intentó encontrar un abogado y le preguntó a un oficial en Artesia donde podría conseguir uno, él le dijo que un abogado no era necesario.  A otra madre detenida un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) le dijo que un abogado sólo facilitaría su deportación.

Los métodos que estas madres han recibido para evaluar sus posibles solicitudes de asilo han estado llenos de irregularidades.  Debido a que muchas madres han sido requeridas a presentarse con sus niños en sus entrevistas para solicitar asilo, se han visto forzadas a elegir entre hacer un recuento de actos de violencia espantosos frente a sus hijos, o permanecer en silencio y perder la oportunidad de explicar el motivo por el cual tienen miedo de regresar a su país.

Como resultado de esto y otras atroces violaciones de derechos, el porcentaje de familias detenidas en Artesia a las que se les otorga una oportunidad para solicitar asilo, están mucho más abajo del promedio nacional – aun cuando las historias de estas familias son de las peores que se puedan imaginar.

La administración de Obama – quien en múltiples ocasiones ha manifestado su intención de regresar a estas familias – está violando las leyes federales de inmigración, la constitucionalidad del debido proceso, y nuestras obligaciones bajo las leyes internacionales de proteger a refugiados vulnerables.

El viernes pasado, una amplia coalición de organizaciones de derechos de inmigrantes y abogados de inmigración presentaron una demanda para impugnar lo que sucede en Artesia.  Buscamos asegurarnos que cada individuo tenga una verdadera oportunidad para solicitar asilo u otras formas de alivio migratorio y que se establezca de una vez por todas que el gobierno no puede apresurar las deportaciones a costa de nuestra Constitución, nuestras obligaciones bajo las leyes internacionales, y los excelentes valores de nuestra nación.

 

El caso es M.S.P.C. v. Johnson. Abogados incluyen, ACLU, ACLU de Nuevo México, Proyecto de Litigios en Frontera de la ACLU, ACLU de San Diego y Condados Imperiales, ACLU de la Capital de la Nación, el National Immigration Project of the National Lawyers Guild, American Immigration Council, el National Immigration Law Center, Van Der Hout, Brigagliano, & Nightingale, LLP, y Jenner & Block LLP.

 
 

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