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Victoria en el caso Gordon v. Johnson resulta en audiencias de fianza para inmigrantes

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September 26, 2014

Por Valeria Pelet del Toro, ACLU de Massachusetts

Cesar Chavarría Restrepo ha vivido en los EE.UU. desde que tenía trece años.  En noviembre de 2013, el inmigrante colombiano recibió noticias de que su prometida estaba embarazada.  El mismo día, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) lo detuvo súbitamente en su lugar de trabajo.

“De pronto, ellos me estaban buscando”, dijo Chavarría, quien es un residente permanente de los EE.UU.  “‘Estamos aquí por lo que pasó en el 2005’.  No me esperaba eso.  El mismo día que me enteré que iba a ser un padre por la primera vez, vinieron a quitarme mi vida”.

El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS) buscaba deportar a Chavarría a causa de una ofensa que cometió en el 2005 relacionada a la venta de drogas.  Según la interpretación gubernamental de la provisión 8 U.S.C. § 1226(c), ICE lo podía someter a una detención obligatoria, sin posibilidad de pedir fianza.  Chavarría, sin embargo, ya había cumplido su sentencia y había quedado libre en el 2007, luego de pasar 22 meses en una cárcel.  ICE intervino años después de que Chavarría se había incorporado a su comunidad para llevar una vida productiva.  “Después del 2005, prometí que jamás volvería a poner mi libertad en juego”, comentó Chavarría.

La situación precaria de Chavarría no es singular.  En agosto de 2013, 4 grupos—la ACLU de Massachusetts, el ACLU Immigrants’ Rights Project de la oficina nacional de la ACLU, el Political Asylum/Immigration Representation Project y los Servicios Sociales Luteranos—presentaron una demanda colectiva, clamando justicia por otros inmigrantes, como Chavarría, que estaban detenidos sin la posibilidad de fianza por haber cometido crímenes años antes de que ICE los detuviera.  El pleito Gordon v. Johnson retaba la aplicación de parte del gobierno de la provisión 8 U.S.C. § 1226(c) porque, bajo esta, los inmigrantes capturados por ICE están siendo susceptibles a detención sin posibilidad alguna de liberación durante sus procesos judiciales de inmigración.  Casos similares se presentaron en California y en el estado de Washington.

Este pasado 21 de mayo, el juez federal Michael A. Ponsor resolvió que el gobierno debe concederle audiencias de fianza a aproximadamente 50 detenidos en el estado de Massachusetts que se encuentran en un estado similar al de Chavarría.

Gracias a esa resolución, ICE soltó a Chavarría, quien se reunió con su prometida luego de estar bajo detención ilegal durante cuatro meses.  Chavarría recuerda: “Lo que más duele, es que la vida que tienes, la familia que tuviste, lo más probable es que no los verás de nuevo.  Cuando la ACLU me dijo que me habían concedido una audiencia de fianza, no lo podía creer.  Di un paso afuera y aún no lo creía”.

Luego del fallo en Gordon v. Johnson, ya 27 de los 50 detenidos representados por la demanda han sido liberados.  Ahora, Chavarría se encuentra con su familia, y continúa trabajando.  Su hija nació en julio.  Él clama: “Estamos bastante contentos. Estamos cuidando a nuestra familia”.

 
 

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