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ACLU de Mass. demanda datos sobre encuentros entre la policía de Boston y los residentes de esa ciudad

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August 6, 2015

La ACLU de Massachusetts (ACLUM), junto con la ACLU nacional y la firma jurídica WilmerHale, iniciaron hoy un juicio legal en contra de la policía de Boston exigiendo la publicación de datos sobre los encuentros entre la policía y los civiles en esa ciudad.

En Septiembre del 2014, la ACLU de Massachusetts había pedido la publicación de una serie de documentos que podrían comprobar si hoy en día existe un sesgo racial en los encuentros entre la policía de Boston y los residentes. El pedido fue parte de una creciente preocupación nacional sobre las relaciones entre la policía y las comunidades de color y también una reacción a datos del 2007 al 2010—divulgados a la ACLU y la policía de Boston—que mostraron un trato desigual de parte de la policía en contra de latinos y negros.

Los datos formaron parte de un reporte—llevado a cabo por académicos seleccionados por la policía de Boston—que confirmó la existencia de una disparidad racial los encuentros entre la policía y los civiles. Más específicamente, en los barrios donde hay mayor concentración de residentes latinos y negros, hubo más encuentros entre la policía y los residentes, aún tomando en cuenta las cifras de crimen y actividad de pandillas en esos lugares.

En promedio, cada vez que la población hispana de un barrio aumenta por un punto porcentual, el número de encuentros con la policía aumenta un 4,1%, incluso eliminando factores no raciales. Este nivel de discriminación es similar, aunque todavía más significativo, que el presentado en contra de comunidades negras, las cuales experimentaron un incremento de 2.2% en el número de encuentros con la policía por cada punto porcentual que se incrementa la proporción de residentes negros. Esto significa que anualmente, miles de encuentros entre la policía y civiles se deben exclusivamente a factores raciales.

Los encuentros entre la policía y los civiles se documentan en formularios llamados “Reporte de Interacción/Observación/Encuentro” (“Field Interaction/Observation/Encounter Reports” en inglés), que los oficiales están obligados a completar cada vez que detienen a una persona en la calle u observan su comportamiento. Los reportes ilustran el panorama de encuentros entre policía y civiles, demostrando la disparidad racial, ya que uno de los puntos que se debe completar es la raza del individuo que la policía ha parado u observado.

El reporte académico analizó solamente los datos del 2007 al 2010, por lo tanto la ACLU pidió los datos que corresponden a los años 2010 a 2014. La policía aún no los ha hecho públicos.

“La gente de Boston merece saber lo que la policía está haciendo en su ciudad. Los datos existen y la policía ha prometido varias veces publicarlos, pero hasta ahora no lo ha hecho ,” dijo Adriana Lafaille, abogada de ACLUM.  “Si la policía de Boston realmente quiere crear buenas relaciones con las comunidades de color, el primer paso es ser honesto y transparente con la información. La policía podría resolver este juicio hoy mismo entregandonos los documentos.”

“Mientras la policía se niegue a publicar estos datos, las víctimas de perfil racial no podrán comprobar que la discriminación existe, y los políticos que están considerando reformas estarán trabajando a oscuras,” dijo Laura Rótolo, abogada de ACLUM.  “Ayer mismo, el consejo municipal de Boston consideró una propuesta sobre las cámaras corporales para la policía, pero esa discusión se llevó a cabo sin datos sobre los últimos cinco años.”

El juicio de hoy también resalta la necesidad de reformar la ley estatal sobre los documentos públicos. A pesar de que la ley sólo contempla 10 días a las agencias gubernamentales para responder a un pedido de documentos públicos, hoy se cumplen 335 días desde que la ACLU pidió los documentos. Esto se debe a que la ley no contiene un mecanismo para obligar a las agencias a cumplir con este requisito. La única opción para un demandante que no ha recibido los documentos debidos, es presentar una demanda en la corte, pagando todos los gastos de ese proceso.

 
 

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