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El verdadero alcance de la Agencia de Seguridad Nacional

Nuevos documentos revelan que el gobierno puede ver todas nuestras comunicaciones en el Internet
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El verdadero alcance de la Agencia de Seguridad Nacional

El verdadero alcance de la Agencia de Seguridad Nacional

June 7, 2013

Por Rebecca O'Connor, ACLU de Massachusetts

Esta semana por primera vez el público estadounidense se enteró de algunas de las operaciones secretas de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA por sus siglas en inglés). Anteriormente, se creía que las investigaciones de esta agencia se centraban en inteligencia del extranjero y que buscaban información específicamente de personas de interés bajo sospecha de actos de terrorismo. Ahora un documento secreto de la NSA y una orden judicial de una corte secreta comprueban que el alcance de la agencia es considerablemente mayor.

Bajo estos dos programas, la agencia ha recibido datos de llamadas telefónicas de millones de personas, y puede ver comunicaciones que ocurren en el internet en tiempo real. El oficial anónimo de la NSA que filtró los documentos dijo que el gobierno ahora puede “ver cómo toman forma los pensamientos de la gente en el momento en que los escriben”.

La orden judicial se publicó el 5 de junio en The Guardian, un periódico británico. Bajo la sección 215 del Acta Patriota (The Patriot Act) la orden otorga a la NSA el permiso de recoger registros telefónicos de Verizon relacionados con telecomunicaciones (i) entre los Estados Unidos y el extranjero y (ii) enteramente dentro de los EE.UU., incluso llamadas locales. La orden no requiere que las comunicaciones sucedan exclusivamente en el extranjero.  La información recogida no incluye grabaciones de llamadas, pero sí incluye los números de teléfono, los datos de la ubicación de la persona cuando hizo la llamada y la duración de la llamada.

Asimismo, la orden especifica que la compañía tiene la obligación de proveer a la NSA una copia electrónica de los registros “diariamente durante la vigencia de esta orden”. Luego prohíbe que las compañías divulguen que el FBI o la NSA haya buscado u obtenido cosas tangibles bajo esta orden.

El 6 de junio se hizo público otro ‘secreto del Estado’ en The Washington Post– bajo el programa PRISM, la NSA y el FBI también pueden ver correos electrónicos, archivos, fotos, chats de video, búsquedas y otras huellas digitales de las compañías de Internet más grandes del mundo. Se ha implicado Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple y PalTalk. 

PRISM opera bajo una de las provisiones controversiales del Acta de Vigilancia de Inteligencia Exterior de 1978. Establecida bajo el escándalo de Watergate para controlar los poderes del gobierno, la ley se ha ampliado considerablemente, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre. La corte secreta que actualmente otorga acceso a la NSA y el FBI a recoger estos registros no tiene ningún control público y tiene 10 miembros, todos designados por un solo juez de la Corte Suprema, John Roberts. 

El Presidente Obama ha defendido el programa, diciendo que el gobierno ha llegado a un equilibrio adecuado entre la seguridad y la privacidad. Portavoces de las compañías implicadas han afirmado que no saben nada del programa PRISM y que no hay “una puerta trasera en [sus] sistemas”.

La ACLU ha exigido más supervisión del Congreso, más transparencia en el proceso de vigilancia y más responsabilidad por parte del gobierno.  Laura Murphy, directora de la oficina legislativa de la ACLU en Washington, dijo, “El Congreso tiene que iniciar una investigación para descubrir a fondo el alcance de estos poderes y los controles que existen, tiene que promulgar reformas que protejan al derecho de privacidad de los ciudadanos estadounidenses y que hagan posible un control eficaz de nuestro gobierno. Hay un tiempo y un lugar para secretos del gobierno, pero la democracia verdadera requiere que los ciudadanos estén informados de las reglas del juego para poder exigir respondabilidad de los poderes públicos”.

“Si el gobierno quiere examinar en detalle nuestras vidas digitales, tiene que demostrar a un juez que cree que hemos hecho algo malo,” dijeron Jay Stanley and Ben Wizner de la ACLU.

 
 

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