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Peticiones y carta para firmar piden que la administración acabe con controversial programa de inmigración

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Peticiones de Estamos Unidos fueron presentadas a la Casa Blanca

Peticiones de Estamos Unidos fueron presentadas a la Casa Blanca

December 14, 2012

Por Abdi Soltani, ACLU del Norte de California y Joanne Lin, Oficina Legislativa de Washington de la ACLU

Comunidades a lo largo del país están rechazando el programa de 287(g), el controversial programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el cual delega la autoridad para hacer cumplir leyes de inmigración a ciertas agencias del orden público.

Op-eds abogando por un fin a los programas de 287(g) han sido publicados en periódicos en Maryland, Florida y Carolina del Sur. Los Sheriffs en Massachusetts están decidiendo que no quieren tener nada que ver con el programa 287(g). Se han enviado cartas y  también se han hecho llamadas a oficiales locales, estatales, y federales, pidiendo que acaben con estos programas inefectivos. Y sólo ayer, la filial de Tennessee de la ACLU publicó un reporte que da una mirada exhaustiva  a los problemas con 287(g) durante un período de cinco años en Nashville.

En este blog, resaltaremos dos otros ejemplos claves de activismo a nivel nacional pidiendo que se acaben estas prácticas: una carta nacional que fue enviada a principios de esta semana a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y una petición con 4,500 firmas que será presentada hoy a la Casa Blanca. Casi todos los acuerdos de 287(g) están por expirar alrededor del 31 de diciembre a menos que ICE decida renovarlos. Le urgimos a la administración que termine con esos acuerdos.

Carta para firmar

En una carta que fue enviada a principios de esta semana, La ACLU, junto a docenas de organizaciones y grupos a lo largo del país ha pedido que la Administración  acabe con el programa de 287(g) por una vez por todas.

El controversial programa de 287(g) ha sido criticado fuertemente por el propio inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Contraloría General estadounidense (GOP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Política Migratoria.

Estas organizaciones correctamente remarcan que estos acuerdos son susceptibles al perfilado racial, han fallido en priorizar amenazas a la seguridad pública y derrochan los recursos. Más aún, 287(g) no es solamente irresponsable fiscalmente, sino que también es innecesario—las tazas de inmigración ilegal y los arrestos en la frontera han disminuido a los niveles más bajos en 40 años, y nuevos datos del censo publicados la semana pasada confirman que se ha mantenido una disminución  en la inmigración no autorizada.

Nuestra carta le pide a la secretaria de DHS Janet Napolitano y al director de ICE John Morton que terminen todos los acuerdos existentes de 287(g) y rechacen todas las solicitudes pendientes. Remarca acertadamente, “acabar con el programa 287(g) aseguraría  que las leyes de inmigración se cumpliesen de una manera uniforme, y ayudaría a reducir la discriminación de las comunidades latinas."

Peticiones

Mientras que el Tribunal Supremo estaba escuchando argumentos en el caso de la SB 1070 de Arizona, la ACLU organizó una campaña nacional denominada Estamos Unidos para hacer participar a comunidades latinas a lo largo del país en estos temas de derechos Constitucionales.

Recubrimos un mini-bus en los colores de la campaña de Estamos Unidos, y viajamos de California hasta Arizona, donde participamos en manifestaciones con la comunidad mientras que el Tribunal Supremo escuchó argumentos en este caso. Desde ahí, viajamos a lo largo de Nuevo México y Texas. En Luisiana, conocimos a miembros de la comunidad que habían ayudado a reconstruir New Orleans después del Huracán Katrina, sólo para después tenr que experimentar discriminación y tácticas policiales agresivas como resultado de la colaboración entre la policía e inmigración. Un hombre nos mostró un cartel de una manifestación reciente que decía “paremos a la poli-migra,” aludiendo a la  colaboración entre la policía e inmigración que socava la seguridad pública y la confianza de la comunidad.

Viajamos a Alabama, Georgia y Carolina del Sur, tres estados con leyes similares a la SB 1070, y después seguimos hasta Illinois, y a lo largo de las Grandes Llanuras (Great Plains) y las montañas rocosas hasta regresar a California. En el pequeño pueblo de Carbondale, Colorado, en lo alto de las montañas Rocosas, nos encontramos con jóvenes líderes y líderes comunitarios que inicialmente se unieron al enterarse que el oficial de recursos en su escuela estaba colaborando con oficiales de inmigración.

A lo largo de nuestro viaje de 8,000 millas, nos encontramos con tres tipos de comunidades:

  • Comunidades afectadas por la SB 1070 y leyes similares donde las leyes estatales específicamente requieren que la policía y los agentes del orden público local actúen en función de agentes de inmigración,
  • Comunidades afectadas por programas de 287(g) donde la policía local y los sheriffs establecen acuerdos especiales sobre el cumplimiento de leyes de inmigración con oficiales de inmigración y
  • Todos los otros lugares donde el programa de Comunidades Seguras ha entrado en vigor, donde cosas simples come un retén de alcoholemia se convierten en una fuente de miedo—miedo no por estar borracho, sino por ser inmigrante.

Y a medida que viajamos, escuchamos a la gente, y la gente que conocimos en el camino agregó sus nombres a una petición dirigida al presidente Obama, pidiéndole que acabe con leyes anti-inmigrantes estatales como la SB 10170, y que termine con programas federales que involucran a la policía y a los sheriffs en el cumplimiento de leyes de inmigración. Nos sentimos orgullosos de poder conocer a 4,584 personas durante nuestro viaje, personas que pusieron pluma al papel y pidieron que el presidente apoye a las comunidades inmigrantes. Estamos orgullosos de poder presentarles estas peticiones hoy al presidente y a la Casa Blanca. Estamos Unidos.

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