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Procuradora de Florida lleva una ola de asesinatos

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March 26, 2014

Por Tanya Greene, Consejera de Política y Activismo para la ACLU Nacional

Angela Corey, sin duda, se está haciendo un nombre por sí misma. No sólo ha trabajado enviando más gente al pabellón de la muerte que ningún otro procurador estatal en Florida, sino que también lleva la delantera a nivel nacional.

Todos estamos acostumbrados a historias sobre la locura que ocurre en la justicia penal de la Florida. Titulares como “Se busca hombre de Florida que orinó a aficionados de los Gators” son tan divertidos que tienen su propia cuenta dedicada en Twitter. Mucho menos hilarante, Marissa Alexander, una mujer de color, sobreviviente de violencia doméstica, fue condenada a 20 años por disparar un arma para ahuyentar a su esposo abusivo, hecho que no lastimó a nadie. (Corey –quien para su información es conocida por los casos de George Zimmerman y Michael Dunn- fue la responsable de procesar a Alexander, y ahora busca una sentencia de 60 años en el nuevo juicio).

La cosa es la siguiente: esto no es algo aleatorio. Lo que está pasando en la Florida significa dinámicas raciales profundamente inquietantes y sistémicas – en las cuales las manos de Corey están sucias.

En pocas palabras, cuando Corey elige a quién el estado debe matar, ella ha estado atacando a los afroamericanos. Ella envió a 21 hombres al pabellón de la muerte en cuatro años: 14 de los cuales son americanos africanos – una tasa tremendamente desproporcionada dada las estadísticas de asesinatos. En el estado de Florida, donde ningún blanco nunca ha sido ejecutado por matar a un afroamericano, las prácticas discriminatorias de la acusación de Corey refuerzan esta tradición de sentencia a muerte vergonzosa e injusta.

Bajo el mando de Corey, las cosas están aún peores de lo que eran durante Jim Crow. Desde el año 2009, el 66 por ciento  de las personas condenadas a muerte bajo la vigilancia de Corey eran afroamericanas (y está por aumentar pues dos acusados ​​están actualmente en espera de sentencia definitiva). Durante Jim Crow, desde 1924 hasta 1964, los afroamericanos conformaron el 65 por ciento de los condenados a muerte en el Circuito de Corey. Y eso que estamos hablando de un estado que es solo 16 por ciento de color.

Para muchos miembros de las comunidades de color, el haber pasado años siendo ignorados y recibiendo un trato de segunda clase ha llevado las cosas a un punto de ebullición. Y con razón. Pero la reciente petición de algunos ministros de color locales de aumentar los juicios de pena de muerte para que la gente de color y los blancos sean procesados con la pena de muerte a una tasa más comparable tampoco es la respuesta. Necesitamos más justicia, no más muerte. Una respuesta más humana a los delitos violentos son los programas de seguridad pública, incluyendo el apoyo a programas de prevención del delito en la comunidad, los cuales se ha comprobado que funcionan bien, previendo eficazmente el delito; y prestando servicios para las víctimas de delitos violentos y sus familias, incluyendo a las familias de víctimas de asesinato, y el financiamiento de investigaciones de crímenes sin resolver – no sólo para las víctimas de raza blanca, sino para todas las víctimas.

No podemos permitir que la ola de muertes de Corey continúe sin supervisión -como lo ha hecho durante demasiado tiempo. Obviamente, la mejor solución sería la de acabar completamente con el fallido sistema de pena de muerte de la Florida. Pero, mientras tanto, un proceso más transparente y con rendición de cuentas de forma pública, es la respuesta. Un comité de revisión, similar a los de otras jurisdicciones, para aprobar decisiones que busquen ejecutar personas, podría asegurar al público que la pena de muerte sólo se aplique a lo “peor de lo peor”, y de manera no discriminatoria.

Con recursos sin restricciones, y sin supervisión, Angela Corey continuará en su ola de asesinatos subsidiada con dinero de los impuestos.

Esta publicación apareció orginalmente aquí, en el Blog de Derechos de la ACLU Nacional

 
 

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