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Rapidez sobre Justicia: Deportación bajo la Administración Obama

Por Joanne Lin, Oficina Legislativa de Washington, D.C.
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La administración Obama ha priorizado la rapidez sobre la justicia en el sistema de deportación

La administración Obama ha priorizado la rapidez sobre la justicia en el sistema de deportación

May 1, 2014

Al remover a personas de este país—separándolas permanentemente de sus hogares, familias y  comunidad— ¿qué es más importante: justicia o rapidez?

Estados Unidos tiene una orgullosa tradición de implementar un debido proceso individualizado. Sin importar quién sea, toda persona merece comparecer ante la corte. Esto es especialmente importante para los inmigrantes, muchos de los cuales pueden calificar para la discreción fiscal debido a sus considerables raíces en Estados Unidos, pero que solo recibirán esta consideración si un juez puede evaluar su caso particular y decidir si debe o no debe salir del país. Esta evaluación judicial—un breve momento de individualismo e imparcialidad dentro de un sistema que con frecuencia ignora ambos—es crucial. Sin embargo, evidencias alarmantes recientes indican que en 3 de cada 4 casos de remoción esto no ocurre.

El Instituto de Política Migratoria (“MPI”), publicó ayer su informe titulado El Dilema de la Deportación: Reconciliando una Ejecución Severa y Humana que habla del récord de implementación de las leyes migratorias bajo la administración Obama. Uno de los principales hallazgos del MPI es que el sistema de deportación ha cambiado drásticamente en los últimos 19 años—de ser un sistema judicial antes de 1996, cuando la mayoría de las personas que se enfrentaban a la deportación comparecían ante los tribunales en audiencias de inmigración, a un sistema de remociones no judiciales en la actualidad, en el que el 75% de las personas que son removidas no comparecen ante un juez antes de ser expulsadas de EE.UU.

Las cifras son asombrosas: en 1995, 1,400 inmigrantes fueron sujetos a remociones no judiciales, lo que representa el 3% del total de las deportaciones. Para el Año Fiscal 2012, esta cifra había aumentado drásticamente a 313,000 remociones no judiciales—un máximo histórico.

Bajo el sistema de remoción actual, solo un cuarto de todas las personas que se enfrentan a la expulsión llegan a defender su caso ante un juez de inmigración. Estos jueces, empleados por el Departamento de Justicia, son expertos en leyes migratorias. Presiden audiencias formales en donde escuchan a testigos reales, analizan pruebas documentales y evalúan las aplicaciones de mitigación de inmigración.

Las remociones no judiciales, por el contrario, son acciones judiciales aceleradas totalmente controladas por el Departamento de Seguridad Nacional ("DHS"), en las que a veces un solo agente fronterizo hace las veces de juez y jurado. Las personas que se enfrentan a la remoción no judicial no tienen abogado ni  oportunidad de apelación.

La administración Obama ha priorizado la rapidez sobre la justicia en el sistema de deportación, sacrificando el debido proceso individualizado en la búsqueda de números de deportación sin precedentes.

Un sistema de deportación que canaliza el 75% de las personas hacia la remoción acelerada y sistemática es un sistema que carece de justicia y del debido proceso individualizado. Las remociones no judiciales violan nuestra tradición constitucional y no pueden ser reconciliadas con una administración que ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con la reforma migratoria.

La justicia y el debido proceso individualizado deben ser restaurados en el sistema. La remoción acelerada se debe limitar a casos en los que las personas son aprehendidas en los puertos de entrada o fronteras terrestres. Toda persona debe ser evaluada para determinar si califica para mitigación migratoria o discreción de la fiscalía, especialmente si tienen familias radicadas en EE.UU. o han vivido en EE.UU. durante un periodo sustancial de tiempo. Quienes no tienen abogado deben ser informados de sus derechos por un juez antes de aceptar la remoción estipulada y debe existir un proceso de apelación. Cualquier otra cosa sería antiestadounidense.

 
 

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