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Salidas y Desaparecidas

Un "blog" de ACLU sobre sus derechos
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June 5, 2013

 Por Lucero Chavez, ACLU del Sur de California y Sean Riordan, ACLU de los Condados de San Diego e Imperial 

¿Por qué tantos mexicanos con profundas raíces familiares en los Estados Unidos y sólidos casos que les permitirían vivir en el país legalmente están “escogiendo” ser inmediatamente expulsados del país? Porque las autoridades migratorias del sur de California habitualmente presionan a estos inmigrantes—algunos de los cuales han vivido en el país durante décadas—para que renuncien su derecho de ajustar su estatus migratorio. Abusando del proceso conocido como “salida voluntaria”, los oficiales de la Patrulla Fronteriza y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están obligando a los inmigrantes a firmar sus órdenes sumarias de expulsión de forma involuntaria.  El día de hoy, la ACLU y el bufete de abogados Cooley LLP interpusieron una demanda en California que desafía estos abusos endémicos.

Desde el jornalero que fue arrestado por no mostrar una identificación adecuada, el trabajador que fue detenido por manejar sin licencia, la joven con discapacidades cognitivas que no pudo defender sus propios derechos hasta los muchos aspirantes a ciudadanos—personas que el Presidente considera parte del tejido de nuestra gran nación—han sido sujetos a la salida voluntaria forzada. Nuestra demanda alega que los oficiales de la Patrulla Fronteriza y del ICE del sur de California han empleado de forma sistemática presión, engaños y amenazas para forzar a las personas a firmar su salida voluntaria. Estos oficiales con frecuencia les informan que “tienen” que firmar la salida voluntaria y que “no tienen derechos.” Estos oficiales además mienten, dan consejos “legales” claramente falsos e incluso hacen uso de la fuerza física para obligar a las personas a renunciar a sus derechos.

Los oficiales frecuentemente engañan a estas personas diciéndoles que pueden legalizar su estatus migratorio fácilmente desde México para poder regresar a los Estados Unidos. En realidad, existen obstáculos  legales importantes que hacen más difícil la habilidad de alguien ajustar su estatus migratorio desde México después de una salida voluntaria. Los oficiales de inmigración también se niegan a permitir que estas personas contacten a sus familiares o a un abogado mientras se enfrentan con la “opción” de firmar o no el formulario de salida voluntaria.

Si todo esto suena tristemente familiar, es porque lo es. A pesar de que se estableció hace mucho tiempo que la Constitución de los EE.UU. requiere que cualquier cesión de derechos sea deliberada y voluntaria, en el siglo veinte los oficiales de policía forzaban a los presuntos delincuentes—particularmente a los afroamericanos—a “confesar” crímenes que no habían cometido. Similarmente, en flagrante violación al principio básico de justicia, las agencias de control migratorio han abusado consistentemente de su inmenso poder y han presionado a personas vulnerables a renunciar sus derechos. En los años 80, la agencia predecesora de ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización (“INS”, por sus siglas en inglés) fue demandando por detener y deportar a personas que buscaban asilo político utilizando tácticas coercitivas; la demanda resultó en una orden judicial permanente que obligaba al INS a proporcionar a los salvadoreños información precisa acerca de sus derechos. Sin embargo, recientes reportes demuestran que las autoridades migratorias están perpetuando similares abusos en nuestros días. 

En el sur de California, cuando un mexicano firma el formulario de salida voluntaria, es deportado a México lo más pronto posible, sin importar si su caso puede resultar en una dispensa migratoria. Muchos inmigrantes deportados tienen familias, hogares y empleos en los Estados Unidos y muy poca relación con México. Las expulsiones sumarias son terribles para ellos y sus familiares—y en algunos casos, pueden tener consecuencias fatales.

Ildefonso Martínez Sanchez, por ejemplo, murió tratando de reunirse con su esposa y con sus hijos estadounidenses después de una salida voluntaria ilegal. Ildefonso llegó a los Estados Unidos como adolescente, buscando la oportunidad de alcanzar el sueño americano. Se estableció al norte del Condado de San Diego, se casó y tuvo cinco hijos que son ciudadanos estadounidenses. En un día como cualquier otro, Ildefonso salió de su casa parair al mercado pero después de un encuentro fortuito con un oficial de la Oficina del Alguacil, fue entregado a las autoridades de la Patrulla Fronteriza porque no contaba con identificación adecuada. Los agentes de la Patrulla Fronteriza lo presionaron para que firmara su salida voluntaria y fue deportado a México poco tiempo después. Ildefonso murió en el desierto mientras trataba de reunirse con sus familia en los Estados Unidos.

Historias como la de Ildefonso resaltan la necesidad de una reforma migratoria que abarque las políticas y prácticas de las agencias de control migratorio, las cuales por mucho tiempo han operado como si estuvieran por encima de la ley. Los abusos policiales del siglo pasado en contra de presuntos delincuentes promovieron históricos precedentes legales y reformas legislativas que protegían en contra de las tácticas policiales coercitivas.

Es hora de que ocurra lo mismo en la esfera del control migratorio, especialmente en momentos en que el Congreso contempla una gran expansión a los recursos que se dedican a la protección de la frontera. Como muchos de los deportados hubieran podido aplicar para algún tipo de dispensa migratoria, las garantías constitucionales básicas del debido proceso son hoy más importantes que nunca. Para proteger y promover los valores que protegen a la familia y a la justicia que son esenciales en los Estados Unidos, nuestros tribunales y oficiales electos deben tomar acciones que garantizan la reivindicación de los derechos de las personas más vulnerables.

 
 

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