La ACLU, una organización de derechos humanos, interpuso una demanda colectiva en contra de la forma como los agentes de inmigración del sur de California administran las “salidas voluntarias.” Estas preguntas que aparecen a continuación nos ayudarán a determinar si puede formar parte de la demanda o si puede ser testigo en este caso.

Sabemos que los representantes republicanos están en etapa de negación en cuanto al costo humano de la ley de inmigración y de las deportaciones masivas. Es por eso que hubieran preferido echar a las familias inmigrantes de sus oficinas antes que enfrentarse a las verdaderas consecuencias de las políticas relacionadas exclusivamente con aplicación de la ley.

En un día cualquiera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) encarcela en promedio a 34.000 hombres, mujeres y niños al día en cárceles a lo largo del país, mientras que la agencia busca su deportación. Esta política ha llegado a un costo de dos mil millones de dólares al año, el cual es pagado con el dinero de los bolsillos de los contribuyentes. ICE escandalosamente a menudo no tiene una buena razón para encarcelar a estas personas. En demasiados casos, los inmigrantes son encarcelados a pesar de que no representan una amenaza para la seguridad pública, y no necesitan ser detenidos para asegurarse de que se presentan ante un juez de inmigración. Y muchos de estos inmigrantes, miles de los cuales han sido residentes permanentes del país por años, en realidad no deben ser elegibles para la deportación y podrían obtener el derecho a permanecer en el país; contrario a lo que el gobierno asegura.
 

En un fallo significativo, un juez federal de Massachusetts declaró esta semana que Clayton Richard Gordon, un jamaiquino quien ha pasado tres meses detenido por la agencia de inmigración, debe tener la oportunidad de presentar ante un juez las razones por las cuales puede pagar una fianza y quedar libre.