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Texas no debería – PERO LO HIZO – ejecutar a un nacional Mexicano.

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Pabellón de la muerte.

Pabellón de la muerte.

January 28, 2014

Por Jamil Dakwar, Director del Programa de Derechos Humanos de la ACLU

El pasado miércoles 22 de enero, a las 9:32 p.m., el estado de Texas ejecutó a Edgar Arias Tamayo, un nacional Mexicano de 46 años.  El inyectar drogas letales en la sangre del Sr. Tamayo fue una clara violación de las obligaciones internacionales de Estados Unidos, no obstante el estado de Texas no fue disuadido.

¿Qué es lo que está pasando? Es simple: la combinación fatal de un estado con sed de sangre y un Congreso paralizado.

Empecemos con el estado.  La pena de muerte en Texas es notoria.  A pesar de las inquietudes bien fundamentadas de que gente inocente termina condenada a muerte, los prejuicios raciales, y la asistencia legal inadecuada, y otros muchos problemas, Texas ha ejecutado a 509 personas en las últimas tres décadas. Estas ejecuciones han continuado a pesar de que otros seis estados han eliminado la pena de muerte en los últimos seis años (y otros tres estados  - Delaware, Nebraska, y Colorado – han estado cerca).  Texas sigue siendo una de las razones por la cual Estados Unidos es un país atípico dentro de las naciones democráticas, ocupa el 5to lugar de ejecuciones a nivel mundial, tras China, Irán, Iraq, y Arabia Saudita.

Y ahora a nuestro Congreso paralizado.  En el 2004, la Corte internacional de Justicia (CIJ) encontró que al Sr. Tamayo y a otros 50 nacionales mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos se les negó el derecho de contactar a su representación consular al momento de su arresto y sin demora.  Esta privación viola la Convención de Viena en Relaciones Consulares, que Estados Unidos ratificó sin reservas en 1969. La CIJ ordenó a Estados Unidos que efectuara una debida “revisión y estudio” de las condenas y sentencias con el propósito de poder determinar si la negación del acceso a tener asistencia consular fue en base a prejuicios.  El problema es que los estados  han tenido un pase gratis para violar este tratado, como lo hizo Texas al ejecutar al Sr. Tamayo.

Esto fue lo que pasó.  En 2008, la Corte Suprema decidió que el Protocolo Opcional de la Convención de Viena concerniente a la Resolución Obligatoria de Conflictos no es un tratado auto aplicable que sería obligatorio en las cortes domésticas y que el Presidente no tiene autoridad para aplicar las decisiones de la CIJ de manera unilateral.  La Corte decidió que el Congreso necesita pasar una ley para que se pueda implementar el fallo de la CIJ.  No es sorpresa que el Congreso le dé largas.  El resultado: un limbo jurídico que los estados aprovechan para ejecutar extranjeros violando así las leyes internacionales.

Lo que Texas hizo la semana pasada está mal.  Mientras Texas sea parte de la Unión, se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones internacionales de Estados Unidos, incluyendo los tratados ratificados, que son considerados ley suprema bajo la Cláusula de Supremacía de nuestra Constitución. 

Pero Texas no ha sido el único que ha cometido un error.  Hace dos semanas, el Senador Patrick Leahy (D-Vt.), Presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, criticó fuertemente a la Casa de Representantes por rechazar una provisión del Senado en la ley de asignaciones del 2014 que habría puesto a Estados Unidos en cumplimiento de la Convención de Viena.  Hizo este poderoso argumento:

“Al no incluir esta provisión estamos poniendo en peligro la asistencia consular esencial para todos los norteamericanos que sean arrestados en el extranjero, además debilitamos nuestra credibilidad como una nación que respeta el estado de derecho.”

No podríamos estar más de acuerdo.

El próximo mes de marzo, la posición insostenible de Estados Unidos en materia de pena de muerte será sujeta a revisión por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un cuerpo de expertos independientes que monitorean el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), tratado que Estados Unidos ratificó en 1992.  En un informe alternativo para el comité, la ACLU subrayó las muchas faltas del sistema, incluido el hecho de que la pena capital es aplicada de manera arbitraria y discriminatoria sin proveer los derechos esenciales para el debido proceso, tales como acceso a defensa efectiva y el derecho a un recurso que detenga las ejecuciones – sin mencionar que los métodos de ejecución y el pabellón de la muerte han sido condenados como crueles, inhumanos, o degradantes.

El tren ha salido de la estación.  Ya es solo cuestión de tiempo para que todos los estados se unan al evolucionado consenso internacional que rechaza los fundamentos legales y morales de la pena de muerte.  Desafortunadamente, será a un costo humano muy alto y un desacato inaceptable de las leyes internacionales.

 
 

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