a
b
No

¡Victoria! Agencias de Inmigración Deberán de Dejar de Forzar a las Personas a Renunciar a sus Derechos

Send to friendRecomendar en FacebookCompartir en TwitterPrinter-friendly version

August 27, 2014

Por Gabriela Rivera, Abogada de la ACLU de San Diego y los Condados Imperiales, y Mitra Ebadolahi, Abogada del Proyecto de Litigios en Frontera.

Una noche del verano pasado, Marta, la madre de Patricia, no llegó a su casa.  Ella no se encontraba en un buen estado de salud mental, pero no era común que desapareciera sin decir una palabra.  Marta Mendoza nació en México pero vivió en Estados Unidos por décadas, ahí crio a sus seis hijos ciudadanos estadounidenses.  Mientras Patricia y sus hermanas buscaban de manera desesperada a su madre por las colonias de Los Ángeles, Marta estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y siendo presionada para firmar una “salida voluntaria”, lo que resultaría en su expulsión inmediata a México sin una audiencia de inmigración.  Si a Marta se le hubiera permitido presentarse ante un juez, hubiera podido ganar su derecho de permanecer en Estados Unidos de manera legal por sus hijos ciudadanos.  Patricia no supo nada de su madre hasta que Marta la llamó desde México, asustada y confundida por lo que le había pasado.

Desafortunadamente, el caso de Marta no es un incidente aislado.  Por años, muchas familias a lo largo del Sureste de California han sido separadas por agencias de inmigración mediante prácticas “coercitivas y engañosas” de “salidas voluntarias”.  Como práctica común, ICE y Patrulla Fronteriza han desinformado a los inmigrantes sobre las consecuencias de una “salida voluntaria”, incluso ocultando el hecho de que una “salida voluntaria” puede traer consigo una exclusión de diez años que prohíbe el regreso a Estados Unidos.  En muchos casos, bajo presión y amenazas, oficiales de inmigración han forzado a las personas a firmar órdenes de “salida voluntaria”.

En Junio de 2013, la ACLU presentó una demanda colectiva, Lopez-Venegas v. Johnson, a nombre de tres organizaciones de derechos de inmigrantes en el Sureste de California, así como también a nombre de once personas, incluida Marta, a quienes el gobierno expulsó de manera injusta mediante “salidas voluntarias”.  Cada demandante tiene lazos familiares en Estados Unidos y no cuenta con antecedentes criminales serios; por lo tanto, cada uno habría tenido poderosos argumentos para quedarse aquí de manera legal si los oficiales de inmigración no los hubieran mal informado o presionado para aceptar una “salida voluntaria”. Por medio de este litigio, los demandantes buscan regresar a los Estados Unidos para recibir una audiencia justa con inmigración.  Las organizaciones buscamos reformas sistemáticas al proceso de “salidas voluntarias” en todo el Sureste de California.

Después de casi más de un año de litigio, incluyendo descubrimientos intensivos y declaraciones de oficiales clave de gobierno, el gobierno ha accedido a llevar a cabo reformas significativas al sistema de “salidas voluntarias” en el Sureste de California.  Bajo el acuerdo firmado por las partes que forman parte del litigio, oficiales de gobierno deben:

  • Proporcionar información detallada – por escrito, de manera oral, y mediante una línea 1-800 – sobre las consecuencias de elegir una “salida voluntaria” a no-ciudadanos que se les dé a elegir entre una “salida voluntaria” o  una audiencia ante un juez;
  • Dejar de “pre-seleccionar” la opción de “salida voluntaria” en los formularios que los agentes proporcionan a no-ciudadanos;
  • Permitir que no-ciudadanos utilicen un teléfono, proporcionarles una lista con información de proveedores de servicios legales, y permitirles tener dos horas para contactar a alguien antes de decidir si aceptan una “salida voluntaria”;
  • Proporcionarle a los abogados el acceso necesario a sus clientes detenidos por la Patrulla Fronteriza o ICE;
  • Dejar de presionar u obligar a las personas a que acepten una “salida voluntaria”;
  • Permitir que abogados de la ACLU monitoreen el cumplimiento de este acuerdo por un periodo de tres años.

Como resultado de este acuerdo, el 20 de agosto, a Marta se le permitió regresar a su casa con sus hijas.  En los siguientes meses, ella finalmente tendrá su audiencia en migración.  El acuerdo también incluye disposiciones que, si son aprobadas por la corte, permitirán que cientos de miles de nacionales mexicanos que fueron expulsados de Estados Unidos conforme a “salidas voluntarias” ilícitas, puedan reunificarse con sus familias en este país.  Estaremos monitoreando a ICE y a la Patrulla Fronteriza muy de cerca para asegurarnos que estas agencias nunca vuelvan a engañar o forzar a personas vulnerables a que renuncien a sus derechos fundamentales.

Esta demanda fue presentada por la Fundación ACLU de San Diego y los Condados Imperiales, la Fundación de la ACLU del sureste de California, el Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, y Cooley LLP.

Una copia del acuerdo puede ser encontrada en el sitio de internet de la ACLU, aquí (solo en inglés).

 
 

©2017 ACLU of Northern California, reservados todos los derechos. Normas de intimidad en Internet (Privacy Statement) | Acuerdo para el uso (User Agreement)