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Voces anti-inmigrantes dentro de ICE atacan a Napolitano

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La política nueva tiene mucho sentido

La política nueva tiene mucho sentido

September 20, 2012

Por: Laura Rótolo, Abogada
American Civil Liberties Union de Massachusetts

Chris Crane tiene algo en común con los millones de trabajadores indocumentados que quiere deportar: no le gusta como lo trata su jefe. 

Crane, el líder del sindicato de empleados de la agencia federal de inmigración (ICE por sus siglas en ingles) inició, junto a otros agentes, un juicio en contra de los jefes de ICE, Janet Napolitano y John Morton. Kris Kobach, el autor de la famosa ley anti-inmigrante SB 1070 de Arizona, los representa.

Los agentes alegan que la política nueva que le da estatus temporario a miles de jóvenes indocumentados viola la constitución estadounidense y los obliga a violar la ley.   

Aunque bajo el presidente Obama, ICE ha deportado a casi un millón y medio de inmigrantes–más que cualquier otro presidente en la historia del país– estos agentes no están conformes.   

Pero darles papeles a los “soñadores” es simplemente la otra cara de la moneda. Mientras Obama está batiendo todos los records en deportaciones, y ha implementado el programa “Comunidades Seguras” en casi todo el país, también ha dicho que quiere concentrar los recursos del gobierno de una manera inteligente. 

Saquemos la cuenta. Se calcula que hay más de 11 millones de personas viviendo en los E.E.U.U. sin autorización. Cuesta aproximadamente $12,500 deportar a cada una de ellas, o sea que le costaría al país $137,500,000 deportar a todos. ¿Hay alguien que piensa que esto sería una buena estrategia fiscal?    

Ya que no se puede deportar a todos, el gobierno debe establecer prioridades. La política nueva tiene mucho sentido. Le da una especie de refugio temporario a un grupo de inmigrantes que tiene apoyo entre muchísima gente: jóvenes que vinieron a este país cuando eran niños, estudiaron y no tienen antecedentes criminales. El proceso para solicitar el estatus (y permiso para trabajar legalmente) es difícil y costoso. Deben comprobar que cumplen con varios requisitos y pagar $465.  

Estos agentes de ICE– con apellidos como Díaz, Garza y Silva, que seguramente tienen un padre o abuelo que vino de otro país—no aceptan que haya lugar en la ley para un poco de bondad y piedad. No aceptan que los que vinieron aquí por una decisión difícil de sus padres y que han trabajado y estudiado puedan ser parte oficial y legal del único país que conocen.

Chris Crane tiene derecho a su opinión y a criticar a sus jefes. Y, a diferencia de los trabajadores indocumentados, puede quejarse a una corte federal. Esperemos que la corte de Texas vea que sus alegaciones legales no son más que una opinión extrema anti-inmigrante, y que el gobierno tiene la responsabilidad de establecer prioridades que tengan sentido común.

 
 

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