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¿Es entrada ilegal el delito al que más le temes?

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Enero 29, 2014

Por Ruthie Epstein, ACLU, Oficina Legislativa de Washington a las 10:39 am

¿Sabe cuál es el delito más perseguido a nivel federal en Estados Unidos? ¿Violación? ¿Asesinato? ¿Agresión? ¿Robo? ¿Chantaje? ¿Fraude financiero?
No, ninguno de estos. El delito más perseguido es la entrada y reingreso ilegal al país. No estoy hablando de una invasión en tu casa u oficina. Eso sería realmente aterrador. Quiero decir procesar a alguien por cruzar nuestras fronteras norte o sur sin autorización.

Dada la reciente articulación que hizo la Procuraduría General a las prioridades fiscales del gobierno federal—es decir, seguridad nacional, crímenes violentos, fraude financiero y protección a los más vulnerables en nuestra sociedad–esto no tiene mucho sentido.  Aunque se piense lo contrario y a pesar de las suposiciones del Departamento de Seguridad Nacional, no existe evidencia sólida de que estas acciones judiciales tengan ningún efecto disuasorio en migraciones ilegales futuras.  (Vea aquí y la pág. 17 aquí).

Durante cinco años, la administración Obama procesó a  más de 400,000 casos de inmigrantes que el gobierno federal debió haber procesado a través del sistema de inmigración civil regular. Pero en lugar de hacerlo, los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional están haciéndolos pasar por el tamiz del sistema de justicia penal, gastando billones de dólares fiscales, que debieran usarse para luchar en contra de verdaderos problemas de seguridad pública, en juicios y encarcelamientos.

Estos encarcelamientos innecesarios sobrecargan aún más un sistema carcelario que ya opera casi 40 por ciento por encima de su capacidad.  Entretanto, los inmigrantes son etiquetados con antecedentes penales que pueden interferir con su regreso a Estados Unidos—sin importar los lazos familiares, comunitarios o económicos que tengan en el país.

Tan solo durante el año fiscal 2013, las Procuraduría entabló casos penales contra más de 90,000 inmigrantes por entrada o reingreso ilegal, de acuerdo al código penal federal—a un costo anual, solo basado en  encarcelamientos, que se calcula cercano a $1 billón.

La gran mayoría de estas personas fueron encontradas culpables y eventualmente fueron deportadas y reportadas dentro de la cifra anual de personas removidas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).  Pero primero, los contribuyentes estadounidenses gastaron  billones de dólares en procesos penales y encarcelaciones, incluyendo una cantidad significativa de fondos dedicados a tribunales de distrito, a la Procuraduría, defensores públicos federales, abogados penales, intérpretes jurídicos y prisiones. (A pesar de esto, los procesos judiciales en los tribunales no satisfacen los requisitos básicos del debido proceso.)

Recientemente, ICE–la agencia para el control interno de inmigración del gobierno federal—se ha enfrentado a críticas y elogios debido a las cifras de personas removidas durante el año fiscal 2013, publicadas unos cuantos días antes de la Navidad. Estas 368,444 personas removidas por ICE el año pasado representan el nivel más bajo de deportaciones anuales bajo la administración Obama, a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional del Presidente Obama llegará a la cifra récord de 2 millones de deportaciones durante las próximas semanas.

Pero la realidad es que estas cifras no cuentan toda la historia.  ICE no es el único con un rol en el juego de las deportaciones.  En un ejemplo típico de prioridades equivocadas, el sistema federal de justicia penal también está jugando un papel excesivo.

 
 

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