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¿Por qué a 1.5 millones de floridanos se les ha prohibido votar?

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Septiembre 25, 2013

Por Nancy Abudu, Directora de operaciones legales de la ACLU de Florida y Joyce Hamilton Henry, Directora de la ACLU del Centro de la Florida 
La lucha para proteger el derecho fundamental al voto de las personas con una condena por delito no es nada nuevo en este país, pero ahora ha llegado a un nivel de crisis. A casi seis millones de personas se les niega el derecho al voto debido a las leyes de privación de derechos que perpetúan las desigualdades raciales y económicas mediante la exclusión de los ciudadanos del proceso democrático, incluso después de haber pagado su deuda con la sociedad. La semana pasada no fue otro sino el senador Rand Paul (R-KY) quien se pronunció a favor de restaurar el derecho a votar para las personas ex convictas.

El resultado de la injusticia de la privación de derechos es que, especialmente a la gente de color, se les impide legalmente participar en nuestro sistema de gobierno, y se les niega voz y voto en los asuntos que afectan a sus comunidades. Los factores que contribuyen a que tantas personas hayan formado parte del sistema penal en primer lugar muy poco abordados. Florida, como era de esperar, tiene uno de los peores récords en lo que respecta a la restitución de derechos de las personas ex convictas. Mientras que otros estados revocan el derecho de voto de una persona condenada por un delito grave la mayoría de los Estados restablezcan los derechos de voto una vez que una persona ha completado su condena, y proporcionan un proceso simple para la restauración de los derechos. Florida, en cambio, ha levantado  un sistema complicado, anticuado e ineficaz, que hace que sea prácticamente imposible que alguien pueda restaurar sus derechos. El resultado es que decenas de miles de aplicaciones para la restauración de los derechos han permanecido en el limbo durante años. Pasa elección tras elección, con cada vez menos ciudadanos de Florida capaces de participar.

A principios de este mes, la ACLU y otras organizaciones de derechos civiles detallaron la crisis de privación de derechos y las barreras para la restauración de los derechos en el Informe Shadow presentado al Comité de Derechos Humanos, explicando el incumplimiento de EE.UU. ante sus obligaciones como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El informe resalta cómo, a partir de 2010, la Florida ha privado del derecho al voto a más de 1,5 millones de ciudadanos, debido a una condena por delito grave - 10,42 por ciento de la población en edad de votar en el estado y el 23,3 por ciento de la población en edad de votar en el estado de descendencia afroamericana.

La arbitrariedad del proceso de restauración de los derechos de la Florida se ilustra mejor por el cómo el cambio en la administración del Estado - del gobernador Charlie Crist para el gobernador Rick Scott - dio lugar a un cambio de 115.000 otorgamientos de restauración de derechos en 2007 a un detenimiento en el proceso en2011, con el actual gobernador negando o considerando no elegible la inmensa mayoría de las aplicaciones. La acumulación de solicitudes - unas 100.000 en total – que se encontraban en espera cuando el gobernador Scott asumió el cargo, desmiente la idea de que las personas en los EE.UU., especialmente aquellos con antecedentes penales, no quieren participar en las elecciones.

Durante décadas, la ACLU también ha estado a la vanguardia de este tema, promoviendo cambios legislativos y de políticas públicas y la presentación de casos para desmantelar este sistema injusto. Los clientes que han representado son hombres y mujeres que quieren ser ciudadanos productivos, contribuir a mejorar la forma en que funciona nuestra sociedad y tener voz y voto en los asuntos que los afectan a ellos y a sus comunidades.

Los EE.UU. se enorgullece de tener una forma participativa de gobierno, pero la verdad es que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Debido a las dificultades que las personas en la Florida y en todo el país han tenido a la hora de restituir su derecho a votar, y para luchar contra este problema y lograr un cambio real y positivo, tenemos que aumentar la presión internacional, asegurando el cumplimiento del Comité Internacional de Derechos Humanos

 
 

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