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Deportador En Jefe

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Febrero 5, 2014

Traducido del inglés, artículo publicado por Joanne Lin, Oficina Legislativa de Washington.

La principal declaración en los estándares del partido republicano publicados la semana pasada es que "la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes en el interior del país  deben ser lo primero”. A pesar de que esta frase es pegajosa, sugiere que la aplicación de la ley no ha tenido lugar. Cuando la realidad es que desde 1996, la política de inmigración de nuestra nación ha sido la de ejercer la aplicación de la ley primero, y ejercer la aplicación de la ley únicamente. Esta locura de décadas de “primero aplicar las leyes” ha tenido un enorme costo – tanto para los contribuyentes estadounidenses que la han financiado, como para las familias inmigrantes que han separadas, como para todas nuestras libertades civiles.

Hoy el gobierno federal gasta más en aplicar la ley de inmigración que en todas las otras agencias federales de aplicación de la ley penal combinadas. Según un informe del Instituto de Política de Migración, publicado el año pasado, el gobierno federal gastó cerca de $18 billones en el año fiscal de 2012, en aplicar las leyes de inmigración - aproximadamente un 24 por ciento más que el gasto colectivo para el FBI, el Servicio Secreto, Servicio de Alguaciles, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Además, las agencias de aplicación de leyes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) -Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) - refieren más casos para enjuiciamiento federal que todas las agencias del orden público del Departamento de Justicia combinadas. En los últimos años el ICE ha encerrado aproximadamente a 430.000 personas por año en los centros de detención –lo cual supera el número total de presos que cumplen condenas en la Oficina Federal de Prisiones para todos los demás delitos federales.

El presidente Obama se ha ganado el título de "Deportador en Jefe". Mientras los republicanos denuncian al presidente por no hacer cumplir las leyes de inmigración, esta administración está a punto de alcanzar la marca de dos millones de deportaciones -un récord para un presidente estadounidense. A pesar de que el presidente Obama hace de una reforma migratoria la prioridad legislativa para su segundo mandato, el DHS continúa deportando a cerca de 1.000 personas al día -incluyendo muchos que podrían calificar para la legalización en el marco del proyecto de ley de reforma de inmigración aprobada por el Senado. El mecanismo de aplicación de leyes por parte del DHS aparentemente funciona en piloto automático, y separando un número incalculable de familias y comunidades estadounidenses todos los días.

Bien sea que la situación sea medida a través de las asignaciones presupuestarias, los volúmenes de procesamiento penal, o a través del número de personas deportadas- está claro que el gobierno federal, tanto demócratas como administraciones republicanas, ha seguido una política de “primero aplicar las leyes”. Este enfoque de “primero aplicar las leyes” y “sólo aplicar las leyes” es precisamente lo que ha producido nuestro estado de inmigración fallido – el cual exige una reforma integral. Encuestas tras encuestas muestran que la gran mayoría de los estadounidenses (incluyendo el 69 por ciento de los republicanos encuestados) favorece un camino a la ciudadanía para los inmigrantes si cumplen con ciertos requisitos, incluyendo un período de espera, pagar multas e impuestos atrasados, pasar la verificación de antecedentes penales, y aprender inglés . Ha llegado el momento de abandonar la locura de “primero aplicar las leyes” y de centrarse en la legalización de las 11 millones de personas que aspiran a la ciudadanía estadounidense.

 
 

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