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La Corte Suprema afirma los derechos de votantes en Arizona

Rechaza ley estatal que requería documentación de ciudadanía
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Junio 17, 2013

La Corte Suprema de los Estados Unidos hoy invalidó una ley de Arizona que le privaba a miles de ciudadanos el derecho a votar. La ley, llamada Proposición 200, requería que los votantes de Arizona comprobaran con documentos oficiales su ciudadanía antes de poder registrarse para votar.  La Corte Suprema falló –7 a 2–  a favor de invalidar la ley porque contradecía otra ley federal.

Desde que se aprobó la ley de Arizona, 31,000 ciudadanos que eran elegibles para votar habían sido rechazados por los registradores oficiales por falta de evidencia “satisfactoria” de su ciudadanía estadounidense – como una partida de nacimiento, un pasaporte, o un permiso de conducir dado después de 1996.  El noventa por ciento tenían derecho a votar.

 ACLU y una coalición de grupos se unieron para impugnar la ley, y demandaron al estado de Arizona en un juicio civil, alegando que la ley local interfería con los derechos bajo una ley federal. 

“Por dos décadas, la ley  federal “motor voter” lo ha hecho dramáticamente más fácil para que los Estadounidenses se inscriban para votar, creando un sistema de inscripción uniforme para todo el país,” dijo Laughlin McDonald, director del proyecto de derechos del votante de la ACLU. “La decisión reafirma el principio que los estados no pueden perjudicar la eficacia de esa ley crucial añadiendo requisitos que no existen bajo la ley federal. Con esto, la Corte dio un paso adelante muy importante para asegurar que el voto permanezca gratis, justo y accesible para todos los ciudadanos”.

La ley “motor voter” de 1993 se creó para facilitar el proceso de votar. Lo que era un proceso complicado se hizo uniforme a lo largo del país. Posibilitó la expansión de campañas para la inscripción de votantes y la ampliación del proceso de inscripción por correo. La ley también deja que la gente se inscriba cuando solicita o renueva su carné de conducir y cuando registra para servicios sociales. El formulario que se utiliza a nivel nacional bajo esta ley requiere que la persona firme, jurando bajo pena de perjurio que es ciudadano de los Estados Unidos, pero no requiere que muestre documentos.

La ley de Arizona imponía requisitos adicionales que no existen en la ley federal, y que afectaba a muchos ciudadanos. A lo largo del país, aproximadamente 13 millones de estadounidenses no tienen documentos que demuestren su ciudadanía.  Además, este tipo de requisito afecta más a los individuos que han enfrentado la discriminación y la privación del derecho al voto históricamente, incluso los de bajos ingresos, las minorías, las personas con discapacidades, los jubilados y las mujeres que cambiaron su apellido al casarse.

La Corte Suprema decidió invalidar la ley de Arizona porque contradice la Ley Nacional de Registro de Votantes, y en cuestiones de votar el Congreso tiene el poder de decidir cuando, donde, y como se hacen las elecciones. Entonces, si una ley estatal y una ley federal no coinciden, es la ley federal que triunfa. El Juez Antonin Scalia explicó la decisión diciendo que la ley federal “prohíbe que los estados exijan que alguien provea información adicional que el formulario federal no requiere.” Añadió, “no prohíbe que los estados nieguen que alguien se registre cuando tienen información en su posesión acerca de su elegibilidad”.

Para más información, visite: aclu.org/voting-rights/arizona-v-inter-tribal-council-arizona.

 

 
 

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