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Más de 13.000 ciudadanos de la Florida son elegibles para votar, pero no lo saben

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Su voz no debe ser silenciada por su pasado

Su voz no debe ser silenciada por su pasado

Agosto 1, 2012

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de la Florida anunció hoy que registros públicos regresados recientemente, solicitados por la Coalición Para la Restauración de Derechos de la Florida  (Florida Rights Restoration Coalition, FRRC), han descubierto que 17.604 certificados de Restauración de Derechos Civiles (RCR, por sus siglas en inglés) fueron devueltos a la Comisión de Libertad Condicional, indicando que fueron "imposibles de entregar." Esto significa que miles de ciudadanos de la Florida tienen derecho a votar, pero no han sido notificados por el Estado.

Los certificados son una prueba de la restauración de los derechos civiles y el voto de los ciudadanos de Florida que han completado los términos de su condena por un delito mayor, y que son elegibles para registrarse y votar en las elecciones de noviembre.Una nueva revisión de la lista electoral del estado muestra que el 77% de estos ciudadanos (13.517 personas) aún no se han registrado para votar y no saben que sus derechos de voto han sido restaurados, por lo que podrían creer que no son elegibles para asistir a las urnas.

"El contraste entre las afirmaciones sin fundamento que el gobernador Scott ha hecho sobre el fraude electoral y los extremos a los que llegado con tal de hacer más difícil la votación, y la falta de atención a las miles de certificaciones de restauración de derechos que acumulan polvo en el Capitolio no podría ser más abismal", dijo Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU de la Florida."El espíritu de la democracia estadounidense reside, ante todo, en nuestro preciado derecho a votar y elegir a nuestros líderes. Pero aquí en la Florida, el gobernador Scott ha hecho casi todo lo que está en sus manos para hacer la votación más difícil, desde el bloqueo de innumerables ciudadanos de votar, hasta dejando de lado los derechos de aquellos que pueden."

El hecho de que los certificados de RCR hayan sido regresados como “imposibles de enviar” puede ya haber resultado en que 13.517 ciudadanos dejen de votar en la primaria del 14 de agosto. Así mismo, a menos de que se les notifique pronto que sus derechos de voto han sido restaurados, estos mismos ciudadanos, también perderían su derecho al voto en las elecciones presidenciales de noviembre de este año, las cuales requieren que ellos se registren primero para votar en la fecha límite del 9 de octubre."Con todos los recursos y el dinero de los contribuyentes, el gobernador Scott se está dedicando a hacer más difícil votar en noviembre. No pareciera que él fuese a mover un dedo para desempolvar los certificados devueltos para asegurarse de que lleguen a los buzones de los votantes legales de la Florida”, agregó Simon.

La ACLU está animando a los ciudadanos de la Florida que aplicaron por restauración de sus derechos, pero que no han recibido una respuesta del Estado, a que se comuniquen con la Comisión de Libertad Condicional de Florida por el 1-800-435-8286, que visiten la página Web de la Comisión de Libertad Condicional de Florida en www.restorerights.org, y hagan clic en "Cómo restaurar los derechos" (“How to Restore Rights”) para que aprendan a cómo hacer seguimiento a su estatus, impriman su certificado de restauración, y lo usen para registrarse para votar; o que contacten a la oficina de Supervisión de Elecciones de su condado, y soliciten asistencia en revisar su estatus y determinar si son elegibles para votar.

Para poder votar en las elecciones de noviembre, los ciudadanos elegibles deben inscribirse antes del 9 de octubre 2012, fecha límite de inscripción.

"La importancia de los 17.604 certificados de restauración devueltos debe verse en relación con el número de ex-convictos que fueron capaces de recuperar sus derechos civiles y su derecho al voto en 2011, tras el nuevo Reglamento de Clemencia Ejecutiva de la Administración de Scott - tan solo 78", señaló Simon de la ACLU . Cada mes, aproximadamente 4.000 personas con convicciones por felonías son liberadas de la custodia o su supervisión es terminada por cumplimiento de la sentencia, lo que resulta en aproximadamente 50.000 por año.

Una nota sobre la situación de privación de derechos
en personas con convicciones por felonía en la Florida


En marzo de 2011, poco después de que el gobernador Scott fuese juramentado en el cargo, él y la procuradora general Pam Bondi lideraron el Consejo de Ministros en la reversión de las Reglas de Clemencia Ejecutiva que fueron adoptadas durante el gobierno de Crist, y en la adición de nuevas restricciones a la restauración de los derechos. Las reglas adoptadas por la Junta de Clemencia Ejecutiva, compuesta por los miembros del gabinete del gobernador de Scott, hizo mucho más difícil para los ex-convictos recuperar sus derechos civiles y su derecho al voto. El cambio en las reglas requería a ex-convictos esperar al menos cinco o siete años después de haber cumplido su condena antes de ser elegibles para aplicar para la Restauración de Derechos Civiles.

La cifra es escalofriante, 1,059,301 ciudadanos de la Florida están privados de sus derechos (según el último estudio realizado por Christopher Uggen y Sarah Shannon de la Universidad de Minnesota y Jeff Manza de la Universidad de Nueva York). Esto es tres veces el número del estado más próximo - Texas. De los 5,8 millones de ciudadanos sin derechos en los Estados Unidos, una cuarta parte son residentes de la Florida. La tasa de privación de derechos de la Florida es la más alta del país - 10,42% de la población del estado en edad de votar está privada de derechos. Y un sorprendente 23% de la población afro-americana de la Florida está privada de derechos. Mientras que 37 estados restauran automáticamente los derechos después de la finalización de la condena, o a algún momento de la supervisión, la Florida es uno de sólo cuatro estados (siendo los otros Virginia, Kentucky y Iowa,) que imponen la privación de derechos de por vida en caso de condena por un delito grave.

 
 

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