Imagínate a una niña en una corte de inmigración, sola– indefensa – representándose a sí misma contra un fiscal del gobierno, de pie ante un juez de inmigración, y tratando, en un idioma que no habla, de presentar un caso por su vida.  Por desgracia, regularmente esta horripilante escena tiene lugar en todo el país y actualmente el Congreso está debatiendo una legislación que podría hacer que este triste desenlace sea aún más probable. 

Este lunes, la ACLU y otros grupos de derechos humanos y derechos de inmigrantes testificarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las familias y niños refugiados quienes han huido de Centro América por la brutal violencia y han buscado protección en Estados Unidos.  Esta comparecencia revisará la respuesta del gobierno estadounidense desde una perspectiva de derechos humanos, y no de conveniencia. 

Una noche del verano pasado, Marta, la madre de Patricia, no llegó a su casa.  Ella no se encontraba en un buen estado de salud mental, pero no era común que desapareciera sin decir una palabra.  Marta Mendoza nació en México pero vivió en Estados Unidos por décadas, ahí crio a sus seis hijos ciudadanos estadounidenses.  Mientras Patricia y sus hermanas buscaban de manera desesperada a su madre por las colonias de Los Ángeles, Marta estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y siendo presionada para firmar una “salida voluntaria”, lo que resultaría en su expulsión inmediata a México sin una audiencia de inmigración.  Si a Marta se le hubiera permitido presentarse ante un juez, hubiera podido ganar su derecho de permanecer en Estados Unidos de manera legal por sus hijos ciudadanos.  Patricia no supo nada de su madre hasta que Marta la llamó desde México, asustada y confundida por lo que le había pasado.