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No vale la pena

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La pena de muerte no vale la pena.

La pena de muerte no vale la pena.

Por Hector Villagra
Publicado en La Opinión

Desde la reinstauración de la pena de muerte en los Estados Unidos en 1976, mucho se ha discutido sobre los problemas sociales y económicos que ella acarrea. A pesar del mito popular al contrario, los estudios demuestran que no funciona como un freno contra el homicidio. En realidad, trae altos costos y largos procesos judiciales —de hecho que cuesta y demora mucho más que simplemente imponer la cadena perpetua. Y muchas personas opinan que cualquier condena de muerte le corresponde al más alto poder.

Pero quizás lo más preocupante para una sociedad que se precia de ser igualitaria es que cuando se trata de la pena máxima, la justicia no es precisamente justa. Aunque se supone que ninguna vida vale ni más ni menos que otra, de acuerdo con las estadísticas cuando la víctima es de la raza blanca, es cuatro veces más probable que el autor del crimen sea sentenciado a muerte que cuando la víctima es hispana y tres veces más probable si la víctima es afro-americana. Por alguna razón, el color de piel de la víctima es lo que más pesa al momento de dictaminar una condena de muerte.

Se habla de que la justicia es ciega. Parece que en estos casos es más bien sesgada.

En teoría, nadie vale más ni menos que otro ante la justicia en este país. Así como se dice que la justicia no es capaz de distinguir entre colores, esperamos que no se valore más al rico que al pobre, o al individuo urbano más que al campesino. Pero en la práctica vemos a otra cosa. La pena de muerte, y para tal caso, todo el sistema penitenciario en el país, presenta un alarmante sesgo racial y social, en el cual una persona pobre y de color tiene las mayores probabilidades de ser condenado a muerte. Quienes no cuentan con los medios suficientes para defenderse adecuadamente tienen mayor probabilidad de ser condenados a la ejecución.

Es evidente que la pena de muerte está siendo injustamente impuesta a la porción de la población con menos recursos y que son provenientes de minorías étnicas. Un sistema que arbitrariamente sentencia a las personas basado en factores sociales, monetarios y raciales no debería arrogarse el derecho a decidir quién vive y quién no.

Y aún si tuviéramos un sistema perfecto y sin sesgo alguno, todos sabemos que errar es humano. A pesar de toda la tecnología, las apelaciones y el cuidado que podemos poner al caso, siempre corremos el riesgo de quitar una vida inocente. Más de 100 personas en los últimos 30 años en los Estados Unidos han sido ejecutadas injustamente y desde 1973 ha habido 139 exoneraciones de reos en espera de su muerte.

Ante esta evidencia, ¿cómo podemos seguir apoyando a un sistema que valora más a unos que otros?

Algunos proponentes de la pena de muerte argumentan que brinda sosiego y hace justicia a los perjudicados y las familias de las víctimas. Pero muchos de los familiares de las víctimas han creado asociaciones e iniciado movimientos sociales propugnando la erradicación de la pena de muerte. Dichas familias aseguran que la pena capital no significa ningún tipo de alivio, ni mucho menos trae algún tipo de paz o bienestar a sus vidas. El dolor de perder un familiar se alarga por década tras década de juicios y apelaciones. Imagínese a la madre de una víctima viéndose obligada a confrontar al asesino de su hijo o hija, reviviendo el horrendo crimen con cada nuevo proceso legal. Mientras tanto el autor del crimen se libera de la obligación de trabajar como cualquier reo común y de responder de alguna manera aunque sea mínima por lo que hizo y lo que tan injustamente robó a esa familia.

Los Estados Unidos es el único país industrializado del mundo occidental que se ha aferrado a mantener la pena de muerte. A la fecha, California posee la mayor cantidad de reos en el pabellón de la muerte. No dejemos que se nos engañe con la ilusión de que se puede defender una vida con la extinción de otra. La pena de muerte se aplica de una manera dispareja e injusta, falla en disuadir crímenes capitales y nos reduce a todos.

Tenemos una alternativa mejor: Una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional obliga que los autores de los peores crímenes se responsabilicen de sus acciones de por vida y nos da a todos la oportunidad de dejar el máximo juicio y la condena final fuera del alcance humano.

Hector Villagra, Director Ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de California (ACLU). 

 

http://www.impre.com/laopinion/opinion/2011/6/25/no-vale-la-pena-261947-...

 
 

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